El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizó una sesión virtual ordinaria para tratar varios temas, entre ellos la presentación del informe “Concentración del Poder y Debilitamiento del Estado de Derecho en Nicaragua”, publicado el pasado 28 de octubre por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
En dicho escrito, la CIDH afirmó que las elecciones del próximo 7 de noviembre en Nicaragua buscan perpetuar en el poder a Daniel Ortega y señaló la “impunidad estructural” y los “crímenes de lesa humanidad” en el país centroamericano.
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Los comicios ocurren en un “clima de represión y cierre de los espacios democráticos en el país. Con ello se busca la perpetuación en el poder en forma indefinida y mantener privilegios e inmunidades, en un contexto de represión, corrupción, fraude electoral e impunidad estructural”, dijo la CIDH, un órgano de la OEA.
“Las condiciones anteriores hacen inviable un proceso electoral íntegro y libre”, advirtió.
El informe nota especialmente que no se ha implementado “ninguna” de las medidas para promover elecciones libres planteadas por la Asamblea General de la OEA.
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En su última reunión, en octubre de 2020, el órgano máximo de la OEA instó a Nicaragua a impulsar una reforma electoral para garantizar la transparencia de los comicios, pero el régimen de Daniel Ortega rechazó la resolución.
“Régimen de terror”
El reporte de la CIDH destaca que este año, “de manera insólita”, fueron detenidas “arbitrariamente” más de 30 personas, incluidos siete precandidatos a la presidencia, que permanecen privados de libertad.
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Denuncia también la cancelación de las personerías jurídicas de tres partidos políticos, el “continuo hostigamiento” a las organizaciones civiles y de derechos humanos; y el acoso y la represión contra todo opositor.
Nicaragua se ha transformado en un “Estado policial”, donde el ejecutivo de Ortega, en el poder desde 2007, “tiene instalado un régimen de terror”, con suspensión de los derechos fundamentales y un “intenso y sistemático” ataque a las libertades públicas “a través de las instituciones de seguridad estatales y paraestatales”, dijo la CIDH.
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El informe subraya además que, al responder a las masivas protestas antigubermentales que estallaron en 2018, el régimen de Ortega “llevó a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad”.
La represión de las manifestaciones dejó al menos 328 muertos, 1.614 detenidos, de los cuales 136 siguen presos, y más de 103.000 exiliados, según la CIDH.
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Estados Unidos, Canadá y Uruguay condenaron la represión del régimen de Ortega
Estados Unidos afirmó que observa “con seria preocupación que las elecciones se realicen en este clima de represión”.
El país norteamericano mostró en la OEA su preocupación por los candidatos presidenciales detenidos y subrayó: “Las esperanzas de que las elecciones sean libres e imparciales se han evaporado”.
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“Las elecciones han perdido toda credibilidad y son una mentira. EEUU seguirá usando los medios diplomáticos a su disposición. Los estados miembros de la OEA instamos a que se siga monitoreando la situación”, expresó.
Luego sostuvo: “Creemos que el informe de la CIDH indica que los estados miembros conocen la situación y cómo se está reprimiendo a los ciudadanos de Nicaragua. La OEA debe seguir trabajando y defender los derechos de los ciudadanos de Nicaragua”.
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Y concluyó: “Instamos al gobierno de Nicaragua a que cumpla las recomendaciones del informe, en particular la liberación de todos los presos políticos”.
Canadá, por su parte, indicó que “el evento del próximo 7 de noviembre es una parodia de elecciones. No serán libres, imparciales ni transparentes”.
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Por último, Uruguay expresó su malestar por la situación en el país centroamericano. “Es absolutamente impactante la situación en Nicaragua”, subrayó.
“Si hubo crímenes de lesa humanidad hay que llevar esto al territorio al que debe llevarse. Hay que seguir pidiendo por los derechos humanos en Nicaragua”, concluyó.
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