Las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua buscan perpetuar en el poder a Daniel Ortega, afirmó el jueves la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un informe que señala “impunidad estructural” y “crímenes de lesa humanidad” en el país centroamericano.
Los comicios ocurren en un “clima de represión y cierre de los espacios democráticos en el país. Con ello se busca la perpetuación en el poder en forma indefinida y mantener privilegios e inmunidades, en un contexto de represión, corrupción, fraude electoral e impunidad estructural”, dijo la CIDH, un órgano de la OEA.
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“Las condiciones anteriores hacen inviable un proceso electoral íntegro y libre”, advirtió.
El informe, titulado “Nicaragua: Concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho”, nota especialmente que no se ha implementado “ninguna” de las medidas para promover elecciones libres planteadas por la Asamblea General de la OEA.
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En su última reunión, en octubre de 2020, el órgano máximo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) instó a Nicaragua a impulsar una reforma electoral para garantizar la transparencia de los comicios, pero el régimen de Ortega rechazó la resolución.
“Régimen de terror”
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El reporte de la CIDH destaca que este año, “de manera insólita”, fueron detenidas “arbitrariamente” más de 30 personas, incluidos siete precandidatos a la presidencia, que permanecen privados de libertad.
Denuncia también la cancelación de las personerías jurídicas de tres partidos políticos, el “continuo hostigamiento” a las organizaciones civiles y de derechos humanos, y el acoso y la represión contra todo opositor.
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Nicaragua se ha transformado en un “Estado policial”, donde el ejecutivo de Ortega, en el poder desde 2007, “tiene instalado un régimen de terror”, con suspensión de los derechos fundamentales y un “intenso y sistemático” ataque a las libertades públicas “a través de las instituciones de seguridad estatales y paraestatales”, dijo la CIDH.
El informe subraya además que, al responder a las masivas protestas antigubermentales que estallaron en 2018, el régimen de Ortega “llevó a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad”.
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La represión de las manifestaciones dejó al menos 328 muertos, 1.614 detenidos, de los cuales 136 siguen presos, y más de 103.000 exiliados, según la CIDH.
(Con información de AFP)
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