En Guayaquil, la segunda ciudad más grande y primera conurbación del Ecuador, así como en otras ciudades importantes del país andino, incluyendo Quito, ya se ofrecen certificados falsos de vacunación. Todo parte del impulso que tiene mucha gente de disponer del certificado de haber completado el esquema de vacunación para movilizarse libremente durante el estado de excepción como ha determinado el gobierno, para poder ingresar a centros comerciales y otros lugares de concentración masiva como han solicitado algunos municipios o para tenerlo en caso de que se convirtiera en un requisito para transacciones bancarias, como ocurría con el certificado de votación. El carnet falsificado cuesta entre USD 20 y USD 30.
En las redes sociales se ofrecen réplicas del documento emitido por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador e incluso prometen el servicio de registrar en el sistema informático del Plan de Vacunación, lo que involucra formas delictivas más sofisticadas como el hackeo de los sistemas informáticos o el apoyo en el ilícito de funcionarios públicos.
Esto se entiende porque hay todavía una pequeña, pero importante parte de la población que asegura que la pandemia responde a una gran conspiración mundial, que todo es una mentira y que la vacunación masiva supone la instalación de microchips en el organismo humano para monitorearlo desde un gran centro de mando universal.
Una fracción minoritaria de la sociedad da crédito a las teorías de la conspiración en todo el mundo. Cree que las vacunas o las mascarillas tienen grafeno, un compuesto químico descubierto en 2004 y que tendría la potencialidad de envenenar masivamente a la población. Entre los bulos se asegura que las personas inoculadas por los esquemas de vacunación no vivirán más de diez años, que perderán sus facultades reproductivas o su vitalidad sexual. Los científicos de todo el mundo lo han desmentido pero las noticias falsas se reproducen con mayor facilidad.
En Ecuador, como en otras partes de la región, fecundó la desinformación de que resulta más conveniente y saludable no vacunarse. Varias personas han caído en esa mentira, sin embargo, necesitarán el carné para transitar por las calles y someterse al control de las autoridades locales.
La Alcaldía de Guayaquil, autoridad ejecutiva más importante en la conurbación homónima que es la primera en población a nivel nación, anunció que controlaría el acceso de las personas al transporte público. La alcaldesa de Guayaquil, Cinthya Viteri, anunció que se tomarán medidas para conceder vía libre a quienes estén vacunados y prohibición a quienes no lo estén en el esquema completo de inoculación. La forma de poderlo verificar es exhibiendo el carné de vacunación. La medida fue adoptada también en la provincia de El Oro, una jurisdicción colindante con la conurbación de Guayaquil, lo que disparó la oferta de documentos falsificados.
La falsificación de documentos no es nueva en Ecuador
En Ecuador esta no sería la primera vez en que se ofrecen este tipo de servicios de falsificación. En julio de 2020 se develó una enorme trama de corrupción que involucró a decenas de funcionarios públicos en ejercicio de funciones administrativas, así como a personas particulares que consiguieron carnés de discapacidad para beneficiarse de exenciones tributarias en la declaración de impuestos personales, así como de privilegios para importar y liberar de los controles aduaneros a centenares vehículos de alta gama comprados a nombre de los portadores de estos carnés falsos.
En total son 1.140 carnés falsos de discapacidad emitidos durante la emergencia sanitaria que se encuentran aún en proceso administrativo de anulación. Entre los beneficiados consta un ex presidente del Consejo de Participación y un ex asambleísta, posteriormente destituidos por esta causa; y varios particulares, que ejercían de empresarios y que, actualmente, se encuentran encerrados en prisión por otros delitos en contra de la administración pública.
Lo mismo sucedió en febrero de este mismo año cuando un grupo de delegados del partido político del ex presidente Rafael Correa, Unión por la Esperanza o UNES, fue acusado de presentar credenciales falsas para participar en el reconteo de los votos en la Junta Provincial de Manabí, un distrito estratégico por su gran cantidad de electores. Decenas de carnés falsos fueron decomisados y en las evidencias se pudo constatar que los sellos y las firmas de los documentos fueron falsificados. Hasta este momento no hay detenidos, procesados o sancionados por esta causa.
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