Seis agentes de tránsito fueron secuestrados por una comunidad indígena en Ecuador

Seis agentes de tránsito de la empresa pública de Movilidad del Norte (Movidelnor) realizaban un operativo de control en Chuchuquí, Otavalo, al sur de la provincia de Imbabura, a 114 kilómetros de Quito. Los agentes no pensaron que, la noche de ese 3 de junio, serían secuestrados por la comunidad por querer sancionar a un taxi informal.

Los comuneros no estuvieron de acuerdo con que los agentes retuvieran el auto de uno de sus vecinos que supuestamente trabaja como taxi informal. Cuando los agentes intentaban llevarse el vehículo, fueron agredidos y trasladados hacia una casa de la comunidad. Allí, estuvieron retenidos durante varias horas. Dos de ellos, incluyendo la única mujer en el grupo, fueron liberados el último fin de semana, mientras que los cuatro restantes estuvieron secuestrados hasta la tarde del lunes.

Antes de ser liberados el fin de semana, los dirigentes de la comunidad obligaron a las dos personas a firmar un documento en el que desisten de iniciar cualquier proceso judicial o administrativo en contra de sus captores, según recogen medios locales.

Los comuneros demandaban para la liberación la presencia de los alcaldes de Huaca (Carchi), de Otavalo y de Cotacachi, además de la asistencia del presidente de la Mancomunidad de Tránsito del Norte, encargado del control vehicular en ese cantón y 14 más.

Frente a la solicitud, la empresa Movildenor indicó que no caerían en presiones y presentaron, el pasado viernes, una denuncia en la Fiscalía General del Estado por el presunto delito de secuestro.

Según informaron medios locales, la Federación de Pueblos Kichwas de la Sierra Norte del Ecuador (FICI) apoyó a la comunidad indígena en sus demandas. Una de estas era la presencia de los directivos de la Mancomunidad de Tránsito del Norte, pero no tuvieron respuesta. Tampoco asistió el alcalde de Otavalo, Mario Conejo. “La FICI resolvió solicitar al alcalde Conejo que Otavalo abandone la organización regional por supuestos abusos de los funcionarios de Movidelnor”, recoge la prensa local.

Durante el último fin de semana, varios agentes civiles protestaron pacíficamente en la ciudad de Otavalo. Ellos portaban carteles pidiendo a la ciudadanía que no los agredan y que les permitan realizar sus labores.

Aunque existe una denuncia presentada por el presunto delito de secuestro, la comunidad de Chuchuquí se ha mantenido en que los agentes estaban retenidos como parte de un proceso de justicia indígena.

La justicia indígena en el Ecuador está contemplada en la Constitución vigente desde 2008 y busca la reivindicación del sector indígena, impartida con autoridades propias de cada comunidad, pueblo o nacionalidad indígena, basados en un sistema de derecho consuetudinario.

El artículo 171 de la Constitución del Ecuador establece: “Las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas ejercerán funciones jurisdiccionales, con base en sus tradiciones ancestrales y su derecho propio, dentro de su ámbito territorial, con garantía de participación y decisión de las mujeres. Las autoridades aplicarán normas y procedimientos propios para la solución de sus conflictos internos, y que no sean contrarios a la Constitución y a los derechos humanos reconocidos en instrumentos internacionales”.

Una publicación realizada por el abogado Augusto Durán recoge que la Justicia Indígena “surge como un mecanismo para afianzar y garantizar los valores y principios de los aborígenes; velar por el cumplimiento de los deberes y derechos de los nativos; y, mantener el respeto y la armonía entre los seres humanos”.

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