Crece la violencia y represión del régimen de Daniel Ortega de cara a las elecciones de noviembre en Nicaragua

Los casos de violencia en el contexto de las elecciones generales de noviembre próximo en Nicaragua sumaron 279 en el lapso de un mes y medio, entre el 1 de abril y el 15 de mayo pasados, denunció este lunes el grupo independiente Urnas Abiertas.

Entre los principales hechos de violencia relacionados con el proceso electoral, el observatorio ciudadano registró 178 casos de hostigamientos, 36 agresiones, 27 retenciones, 15 amenazas, 14 detenciones, seis lesiones y tres procesos judiciales.

Al menos 267 personas fueron “víctimas identificadas” de la violencia dirigida en su mayoría por la Policía Nacional (85,51% de casos) o grupos sandinistas “contra organizaciones, medios de comunicación, o partidos políticos”, de acuerdo con la agrupación.

Los casos de violencia reportados en el informe de Urnas Abiertas se suman a otros 323 registrados entre octubre y marzo pasados, para totalizar 602 sucesos violentos en el contexto de las elecciones previstas para el 7 de noviembre próximo, en las que el presidente Daniel Ortega busca mantenerse en el poder por otros cinco años.

Según el grupo observador, en los dos últimos meses el ambiente electoral de Nicaragua se ha caracterizado por “hostigamiento a liderazgos de organizaciones políticas”, un “acceso parcializado al derecho de reunión”, y por el “uso de recursos públicos en la precampaña electoral por parte del partido de Gobierno”.

El informe destacó la cancelación de la personalidad jurídica del Partido de Restauración Democrática (PRD) y del Partido Conservador (PC), el primero con respaldo de uno de los principales bloques de la oposición conocido como Coalición Nacional.

Asimismo, resaltó la acusación del Ministerio Público por supuesto lavado de dinero, bienes y activos contra la directora de la extinta Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro Barrios, quien, según la encuestadora Cid Gallup, es la aspirante a la Presidencia de la oposición con mayor probabilidad de vencer a Ortega en los comicios.

También acciones del régimen sandinista contra la prensa local, en las que destacó el segundo allanamiento contra un grupo de medios que dirige el periodista Carlos Fernando Chamorro, galardonado con el premio Ortega y Gasset 2021, y hermano de Cristiana.

El ambiente en Nicaragua ya era tenso desde abril de 2018, cuando estalló una revuelta popular por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que luego se convirtieron en una exigencia de renuncia del presidente Ortega, quien respondió con una brutal represión por parte de las fuerzas de seguridad y grupos paramilitares sandinistas contra la sociedad civil.

Las protestas, calificadas por el Ejecutivo como “intento de golpe de Estado”, dejaron al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684. El régimen sólo reconoce 200.

En las elecciones de noviembre, Ortega, quien gobernó entre 1979 y 1990, busca extender por cinco años el poder que recuperó en 2007.

No obstante, tanto la oposición como gran parte de la comunidad internacional ya advierten que el proceso electoral no garantizará ningún tipo de transparencia. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que dirige la Alta Comisionada Michelle Bachelet, alertó el viernes pasado que ve con preocupación que disminuyen las posibilidades de que las elecciones presidenciales sean libres y genuinas ante las medidas que las autoridades están tomando contra candidatos y periodistas independientes.

Este organismo, con sede en Ginebra, recibió el pasado mes de febrero del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (órgano intergubernamental) el encargo de hacer un seguimiento de cerca de todos los aspectos vinculados a los derechos humanos en el marco de la campaña electoral de Nicaragua.

“Hemos observado una situación inquietante en las últimas semanas”, afirmó en una comparecencia ante la prensa la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos, Marta Hurtado, quien antes firmó un comunicado al respecto.

Se refirió, por ejemplo, a la aprobación por parte de la Asamblea Nacional -controlada por el partido oficialista- de una reforma electoral que pone de lado las demandas de la oposición, de la sociedad civil y de la comunidad internacional, ya que rechaza incorporar garantías de imparcialidad por parte de los entes electorales.

Mencionó que esa reforma también contiene restricciones a la libertad de expresión, reunión y participación política, y ha permitido disolver dos partidos políticos bajo el pretexto de que actúan contra las normas internacionales.

Al revisar la ley, los expertos de la ONU han encontrado que la forma en que la reforma electoral ha sido redactada permite su utilización “para silenciar a la disidencia”.

Entre los hechos que más preocupan a la Oficina de Bachelet está la apertura de una investigación penal contra la precandidata presidencial Cristina Chamorro Barrios, acusada de lavado de dinero.

La periodista, de 67 años, consideró la causa en su contra como “una burda farsa” y denunció que sus cuentas bancarias fueron congeladas y se le levantó el sigilo bancario. “También lo veo como una venganza contra el legado de mi madre, Violeta Chamorro, que recogimos en la Fundación que lleva su nombre. De esa manera atroz se está desquitando de aquella derrota (de 1990) que pareciera que no supera. Ortega es un dictador que sabe que tiene el rechazo mayoritario del pueblo, pero no lo acepta porque su plan es seguir desgobernando el país hasta que sus fuerzas se lo permitan”, comentó en entrevista con la agencia AFP.

La aspirante presidencial tiene un 13,3% de respaldo ciudadano, según un sondeo en enero de la firma Cid Gallup, y se perfila como contrincante de Ortega, en el poder desde el 2007 y quien, según sus opositores, intentará un cuarto mandato consecutivo. “El pueblo me ha colocado en el primer lugar de las preferencias electorales. Por eso el dictador ordenó que me acusaran, es una venganza contra el pueblo”, expresó la periodista nicaragüense.

Con información de EFE y AFP

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