Persecución en Nicaragua: Rosario Murillo impulsa juicios contra los candidatos presidenciales que buscan competir con Daniel Ortega

En un contexto de amenazas y represión, la vicepresidenta y primera dama de Nicaragua, Rosario Murillo, llamó “criminales” a los legítimos aspirantes a la Presidencia por la oposición, que buscan derrotar al régimen de Daniel Ortega, en los comicios de noviembre próximo, en los que el sandinista busca su tercera reelección consecutiva y la segunda bajo la fórmula matrimonial.

“Yo recuerdo esos rostros que incluso hoy se andan candidateando, esos que bloquearon a este país (...), criminales, eso es lo que son, y ahí andan diciendo que van a hacer cosas para atraer prosperidad. ¡Qué cáscara (desfachatez)! ¡Qué cáscara!, como decimos nosotros”, acuso Murillo haciendo uso una vez más de los medios de comunicación oficiales.

Las palabras de la primera dama parecieron una amenaza mientras el Ministerio Público, que dirige la ex guerrillera sandinista Ana Julia Guido, desarrolla una investigación por supuesto lavado de dinero, bienes y activos contra la candidata y periodista Cristiana Chamorro Barrios, hija de la ex presidenta Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), quien derrotó a Ortega en las elecciones de 1990.

Chamorro Barrios es la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las elecciones de noviembre, según una encuesta de la firma CID Gallup.

Horas antes de que Murillo emitiera su mensaje, el aspirante presidencial por la Unidad Nacional Azul y Blanco, Félix Maradiaga, aprovechó que la Policía lo dejó salir de su casa para realizar un “piquete exprés” (protesta fugaz) contra el régimen de Ortega en el sureste de Managua, donde fue agredido por agentes policiales.

Entre los aspirantes a la Presidencia está el líder campesino Medardo Mairena, condenado en el 2018 a 216 años de prisión por terrorismo y otros delitos, aunque tiene libertad condicional tras haber sido excarcelado en 2019.

“Cómo puede ofrecer prosperidad un matón, cómo puede ofrecer prosperidad además gente que está vinculada a crímenes, a crímenes organizados, hay algunos por ahí, sí, todo el mundo lo sabe”, insistió Murillo, cuyo Ejecutivo es señalado de cometer “crímenes de lesa humanidad” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

A mediados de mayo el Consejo Supremo Electoral, dominado por magistrados sandinistas, canceló la personalidad jurídica al Partido de Restauración Democrática (PRD), que formaba parte de la Coalición Nacional, uno de los principales bloques de la oposición.

Los opositores, que se encuentran fragmentados, tienen en común el objetivo de cortar, por la vía electoral, 42 años de dominio casi absoluto del régimen de Ortega sobre la política de Nicaragua.

Las elecciones generales de Nicaragua están programadas para el 7 de noviembre próximo.

Ayer, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU, que dirige la Alta Comisionada Michelle Bachelet, alertó que ve con preocupación cómo disminuyen las posibilidades de que las elecciones sean libres y genuinas ante las medidas que las autoridades están tomando contra candidatos y periodistas independientes.

“Hemos observado una situación inquietante en las últimas semanas”, afirmó en una comparecencia ante la prensa la portavoz de la Oficina de Derechos Humanos, Marta Hurtado,

Se refirió, por ejemplo, a la aprobación por parte de la Asamblea Nacional -controlada por el partido oficialista- de una reforma electoral que pone de lado las demandas de la oposición, de la sociedad civil y de la comunidad internacional, ya que rechaza incorporar garantías de imparcialidad por parte de los entes electorales.

Mencionó que esa reforma también contiene restricciones a la libertad de expresión, reunión y participación política, y ha permitido disolver dos partidos políticos bajo el pretexto de que actúan contra las normas internacionales.

Al revisar la ley, los expertos de la ONU han encontrado que la forma en que la reforma electoral ha sido redactada permite su utilización “para silenciar a la disidencia”.

Y entre los hechos que más preocupan a la Oficina de Bachelet está, justamente, la apertura de una investigación penal contra Chamorro Barrios.

“Pedimos al Gobierno de Nicaragua que detenga este acoso, incluido el acoso judicial, contra la oposición y la prensa”, dijo la portavoz en nombre de Bachelet.

(Con información de EFE)

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