La principal candidata presidencial opositora de Nicaragua denunció que el régimen de Daniel Ortega busca evitar su postulación

Cristiana Chamorro, aspirante a la presidencia de Nicaragua, corre el riesgo de quedar fuera de los comicios de noviembre tras una acusación de lavado de dinero que podría impedirle afrontar al mandatario Daniel Ortega si éste decide presentarse a las elecciones, tal como se prevé.

Chamorro, de 67 años, rechaza esas acusaciones y busca la unidad de la oposición para derrotar en las urnas a Ortega, como hizo su madre Violeta al frente de una coalición en 1990.

“Nací en un hogar ligado al periodismo independiente y de oposición a cualquier tipo de dictadura, opresión o corrupción. En ese tiempo era contra la dictadura de los Somoza (que gobernó desde 1937 hasta el triunfo de la revolución en 1979). Mi decisión de decirle sí a Nicaragua y de servirle al pueblo nace precisamente por la construcción de otra dictadura, que es la de Ortega”, declaró en entrevista con la agencia AFP.

“El pueblo volvió a decir basta ya de dictaduras, como lo hizo cuando Somoza, después contra los sandinistas en [las eleciones de] 1990. Y en 2018 la población se lanzó espontáneamente a las calles a protestar y pedir elecciones libres... y un adelanto de las elecciones. La respuesta de Ortega fue disparar a matar a los manifestantes. Desde entonces, Nicaragua vive un estado de sitio de hecho”, agregó.

El 21 de mayo, la Fiscalía abrió una causa contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), que Cristiana dirigió entre 1998 y febrero de 2021, por presunto lavado de dinero en el periodo 2015-2019. Si la enjuician, la ley nicaragüense no le permite postular a cargos electorales.

Al menos seis periodistas fueron citados por el Ministerio Público (fiscalía) en Nicaragua en el marco de una investigación contra la aspirante presidencial opositora

“Yo no sé de qué me pueden acusar, no sé en calidad de testigo de qué estoy aquí, no sé de qué lavado de dinero hablan”, dijo la corresponsal de Univisión, María Lili Delgado, una de las citadas, y a quien le avisaron que pueden volver a convocarla.

La citación “urgente” le fue enviada el lunes pasado a Delgado, a la periodista Verónica Chávez, copropietaria del medio digital 100% Noticias; a Roberto Cárcamo, de ABC stereo; y al empresario Fabio Gadea, propietario de Radio Corporación, una de las más antiguas del país.

Además se citó a los periodistas Lourdes Arróliga y Guillermo Medrano, que trabajaban en la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH), que cerró operaciones en febrero afectada por una ley que exigía reportar la recepción de fondos recibidos del exterior y declararse como agente extranjero.

Los comunicadores se rehusaron a declarar sin la presencia de un abogado. Pero se les advirtió que si pasaban con un defensor se les iba a cambiar la condición “de testigo a imputado”, denunció Delgado, quien en algún momento trabajó para la FVBCH.

Explicó que su relación con la ONG fue en la coordinación de medios y capacitación a periodistas. “Eso no es delito”, aseveró.

Las fuerzas de seguridad del régimen sandinista allanaron las oficinas del medio digital Confidencial, que dirige Carlos Fernando Chamorro, hermano de Cristiana, quien dio cobertura a las prolongadas protestas contra el gobierno de 2018 y que se saldaron con 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Tras la brutal represión del régimen contra las protestas, el gobierno de Ortega enfrentó severas sanciones internacionales.

Cristiana consideró la causa en su contra como “una burda farsa” y denunció que sus cuentas bancarias fueron congeladas y se le levantó el sigilo bancario. “También lo veo como una venganza contra el legado de mi madre, Violeta Chamorro, que recogimos en la Fundación que lleva su nombre. De esa manera atroz se está desquitando de aquella derrota (de 1990) que pareciera que no supera. Ortega es un dictador que sabe que tiene el rechazo mayoritario del pueblo, pero no lo acepta porque su plan es seguir desgobernando el país hasta que sus fuerzas se lo permitan”.

La aspirante presidencial tiene un 13,3% de respaldo ciudadano, según un sondeo en enero de la firma Cid Gallup, y se perfila como contrincante de Ortega, en el poder desde el 2007 y quien, según sus opositores, intentará un cuarto mandato consecutivo. “El pueblo me ha colocado en el primer lugar de las preferencias electorales. Por eso el dictador ordenó que me acusaran, es una venganza contra el pueblo”, expresó la periodista nicaragüense.

De cara a los comicios, remarcó la importancia de “unidad” en la oposición: “El principal reto de la oposición es la unidad. Todas las encuestas serias coinciden en que el pueblo quiere votar, pero quiere elegir a un candidato único de la oposición. La división es el peor escenario. Estoy segura de que la mayoría de los nicaragüenses, incluyendo el sector público, quiere libertad, progreso y un tratamiento digno. Mi planteamiento es derrotar a Ortega por la vía pacífica, es decir, por elecciones libres, transparentes honestas y observadas”.

Ortega, de 75 años, gobernó Nicaragua durante la revolución en los años 80 y retornó a la presidencia en 2007. Fue reelegido en 2011 y 2016, y sus opositores no descartan que intente lograr un cuarto mandato en las elecciones del 7 de noviembre.

“Ortega ya está derrotado, por eso se apresuró a aprobar una reforma electoral que, en vez de facilitar las elecciones, más bien las complicó, le puso más restricciones y nombró a un Consejo Supremo Electoral totalmente obediente a sus órdenes”, concluyó Chamorro, quien indicó que Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, construyeron “una dictadura de familia monstruosa”.

Con información de AFP

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