La Casa Civil de la Presidencia de Brasil envió a trece ministerios que conforman el Gobierno una lista con 23 posibles acusaciones a las que sus responsables y el presidente, Jair Bolsonaro, podrían enfrentarse ante la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) que indaga la gestión llevada a cabo por las autoridades federales durante la crisis de la pandemia.
El aviso de Bolsonaro a su equipo se produce en vísperas de que este martes se reúna por primera vez la CPI para abordar las posibles negligencias que el Gobierno de Brasil habría cometido desde que estalló la crisis sanitaria en marzo de 2020. Desde entonces, más de 14,3 millones de personas contrajeron la enfermedad que además, le costó la vida a más de 390 mil brasileños.
Este martes está previsto que se haga oficial que el senador Omar Aziz asuma el liderazgo del CPI, semanas después de que fuera elegido. Al igual que Randolfe Rodrigues, quién será ‘su segundo’. Salvo el primero, más del gusto del Palacio de Planalto, los otros tres puestos de mayor importancia de la comisión han sido cuestionados por el Gobierno por la oposición de sus miembros a Bolsonaro.
Algunas de las acusaciones de la lista hacen referencia a los episodios más sonados de Bolsonaro durante la pandemia, como su reticencia a adquirir vacunas procedentes de China, el uso de fármacos sin evidencia científica o su negativa a imponer medidas de confinamiento para evitar el avance del virus, e incluso impugnarlas ante el Tribunal Supremo.
“La de China no la compraremos. Es mi decisión. No creo que transmita seguridad suficiente a la población”, llegó a afirmar Bolsonaro en relación a Coronavac, la vacuna de la farmacéutica china Sinovac, días después de que el por entonces ministro de Salud, Eduardo Pazuello, hubiera firmado un protocolo de intenciones para adquirir esa vacuna.
Los encontronazos con sus ministros de Salud durante este último año formarán parte de los puntos que el CPI abordará en los próximos días, después de que adelantara que serían llamados a declarar.
De acuerdo con la lista elaborada por el Palacio de Planalto, la comisión podría acusar a Bolsonaro no solo de las renuncias de Luiz Henrique Mandetta y Nelson Teich por no seguir sus directrices, sino también de haber entregado la cartera de Salud posteriormente a gestores militares no especializados, entre ellos Eduardo Pazuello.
LA “GRIPECITA”
La lista que manejan las autoridades brasileñas, a la que tuvo acceso el diario ‘O Globo’, señala también el uso de los medios de comunicación y los canales institucionales como arma de propaganda para difundir información errónea sobre la pandemia, no lanzar campañas de concienciación o minimizar sus estragos, como cuando el propio Bolsonaro calificó la enfermedad de “gripecita”.
“En mi caso concreto, por mi historial deportivo, si contrajera la enfermedad, no tendría de qué preocuparme. Nada sentiría, como mucho una gripecita o un resfriado”, fanfarroneó poco antes de dar positivo por coronavirus.
Entre las pesquisas también estaría el llamado ‘gabinete del odio’ del que se habría servido el Palacio de Planalto para difundir información falsa sobre la pandemia o atacar a rivales políticos y a las medidas en favor del confinamiento, algo que también está siendo investigado por el Tribunal Supremo de Brasil.
Es precisamente esa politización de la pandemia otro de los puntos de estudio del CPI. El presidente Bolsonaro tuvo continuos y variados enfrentamientos con las autoridades locales por aplicar medidas de confinamiento, en especial con el gobernador de Sao Paulo, Joao Doria, al cual dedicó calificativos tales como “mierda” y “estiércol”.
CRISIS EN AMAZONAS
A pesar de que la incidencia de la pandemia se ha dejado sentir sobre todo en los mayores núcleos de población como Sao Paulo o Río de Janeiro, el estado de Amazonas, si bien con menor número de habitantes comparado con otras zonas del país, sufrió el coronavirus con especial virulencia debido a la ya de por sí precaria situación médica y sanitaria de una de las regiones más pobres e inaccesibles de Brasil.
Las imágenes del año pasado de cementerios abarrotados y personal cavando nichos a contrarreloj dieron la vuelta al mundo. En los últimos meses la falta de oxígeno para tratar a los pacientes desgastó aún más la imagen de Pazuello como ministro de Salud, quien acabó siendo destituido y tiene ahora por delante una investigación del Supremo por posible negligencia.
De acuerdo con la Fiscalía brasileña, el Gobierno era consciente a finales de diciembre de que Amazonas necesitaría no solo un refuerzo de la dotación de oxígeno para tratar a los pacientes más críticos, sino que además tendría que trasladar a muchos de ellos a otros lugares para poder aliviar la presión hospitalaria.
La lista que maneja el Gobierno también contempla acusaciones de malversación de fondos públicos para tratamientos sin eficacia probada contra el coronavirus, el retraso de la ayuda de emergencia a millones de desempleados, el “genocidio” de las comunidades indígenas a las que se dejaron desatendidas durante la crisis sanitaria y el rechazo de 70 millones de dosis de la vacuna de Pfizer al no aceptar los términos del acuerdo impuestos por la farmacéutica.
(Con información de EP)
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