
La Cámara de Diputados de Uruguay debatió la noche del viernes en una maratónica sesión, un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo y destinado al cierre fronterizo y a limitar el derecho de reunión como vía para contener la propagación del nuevo coronavirus, después de que el Senado le diera media sanción, informó la prensa local.
Con 18 votos sobre 31, la cámara alta aprobó la iniciativa al cabo de un debate de más de ocho horas, y la remitió a Diputados, que poco antes de las 19.30 hora local, inició su sesión para debatirla, según los diarios montevideanos El Observador y El País.
Los extranjeros con residencia en Uruguay ya no podrán entrar ni con hisopado negativo, y por lo tanto, esto hace caer la esperanza que tenían los foráneos con casas o apartamentos en ciudades turísticas como Punta del Este, pero sin residencia, a tener un permiso especial para el verano.
La nueva ley prohíbe el ingreso también de los uruguayos que están en el exterior y vuelven a su país para las fiestas de cambio de año y los primeros días del verano.
El proyecto está destinado a limitar “transitoriamente, y por razones de interés general, el derecho de reunión” garantizado por la Constitución, que advierte que podrá ser “desconocido” únicamente “en virtud de una ley, y solamente en cuanto se oponga a la salud, la seguridad y el orden públicos”.
En la sesión, el Frente Amplio (FA) centroizquierdista presentó un proyecto alternativo. “No discutimos la constitucionalidad de la medida del Poder Ejecutivo, vemos dos formas de atender el problema”, sostuvo el senador Charles Carrera.
En tanto, el legislador oficialista Jorge Gandini dijo que ambas iniciativas tenían aspectos “muy parecidos”, sostuvo que “la propuesta del gobierno es mantener abierta la economía” y remarcó que “los shoppings están abiertos, las ferias de Navidad están abiertas”.
En el comienzo del debate en Diputados, el oficialista Rodrigo Goñi afirmó que “solución mágica no hay” y señaló que “lo que se busca con esta medida es proteger derechos”.
El frenteamplista Gerardo Núñez replicó que “es un proyecto peligroso para la democracia” y su compañera de bancada Cristina Lustemberg adelantó el voto en contra del grupo porque “la reglamentación de un derecho constitucional requiere de mayor precisión”.
“Nosotros imaginamos cuántos tendrían la intención de pasar las fiestas con sus familias, reencontrarse unos con otros; no es simpático, pero nuevamente tenemos que ser responsables; estas medidas son a término, son sensatas y pensando en la salud de todos los uruguayos”, dijo el diputado Álvaro Perrone, de Cabildo Abierto, integrante de la coalición gobernante que encabeza el Partido Nacional (blanco).

Desde el comienzo de la pandemia, Uruguay sumaba 11.950 casos confirmados de coronavirus (520 en las últimas 24 horas), de los cuales 4.142 personas tenían la infección en curso y 109 fallecieron, informó esta noche el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).
Al Uruguay solo podrá entrar transporte de carga y aquellos que tenían comprados sus pasajes antes de esta norma (en general, son pasajeros de avión, que no llegan a 8.000, según datos oficiales).
El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou anunció el pasado miércoles la implementación de una serie de medidas restrictivas de cara al aumento de casos de COVID-19 en el país, que apuntan, entre otras cosas, a limitar las aglomeraciones y el transporte interdepartamental al 50 por ciento del 21 de diciembre al 10 de enero.
La más importante de las medidas anunciadas el miércoles es el cierre de las fronteras del país en esas mismas fechas. “Con pesar tomamos la decisión de suspender el ingreso al país entre los días 21 de diciembre y 10 de enero”, anunció el Presidente.
“Se suspenderá el ingreso al país entre los días 21 de diciembre y 10 de enero próximo por cualquier vía. Quedan exceptuados aquellos uruguayos o residentes que al día de la fecha (16/12/2020) hayan adquirido sus pasajes. No alcanzará a esta prohibición el transporte de cargas”, resalta el documento emitido por la Presidencia de Uruguay que detalla la media.
Según pudo saber Infobae, el gobierno uruguayo considera residentes incluso a aquellos ciudadanos de otros países que hayan iniciado el trámite y aún no hayan obtenido el documento correspondiente.
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