
En medio de alegatos de clausura en un juicio oral por los delitos de cohecho, tributarios y fraude al fisco, llamó la atención de los integrantes del Poder Judicial la declaración de uno de los imputados, el ex senador Jaime Orpis. “Una y otra vez con mucha impotencia me he preguntado por qué he llegado a esto”, dijo.
La justicia le atribuyó responsabilidad por el delito de cohecho y fraude al fisco por montos de dinero superiores a 200 millones de pesos (USD 27 mil). En tanto la fiscalía pidió una condena de 21 años de prisión.
En general, bajo subterfugios legales y términos engorrosos, muchos de los procesados han desviado la atención mediática de sus casos, aún cuando judicialmente se han declarado culpables o el mismo tribunal los ha enjuiciado como responsables. Así, el caso de Jaime Orpis se ha transformado en uno de los más llamativos por la cobertura y atención mediática que lo ha transformado en una verdadera teleserie que escribió hoy su último capítulo.
La historia se da en el contexto del caso llamado CORPESCA, que indagó por cohecho, delitos tributarios y fraude al fisco al ex senador Orpis, a la ex diputada Marta Isasi, al ex asesor Fernando Lobos y a la propia empresa pesquera que lleva el nombre del caso. Se desarrolló ayer la audiencia ante la Fiscalía de Chile, donde los acusados tuvieron la posibilidad de hacer uso de la palabra.
En resumen, la maniobra se trató de una triangulación de acuerdos entre CORPESCA y el senador entre otros involucrados para que votaran a favor de un proyecto de ley que le convenía a la empresa privada.
Se trata de uno de los más emblemáticos casos investigados de corrupción de Chile. Ejemplifica lo ocurrido con la actual ley de pesca que rige en el país andino, por sobornos realizados por distintos grupos empresariales a diversos políticos desde la Corporación Pesquera del Norte (CORPESCA).
El caso dejó en evidencia que agentes político-institucionales fueron parte activa del tráfico de influencias empresariales. En este plano, el proceso judicial contra políticos como Jaime Orpis y Marta Isasi, a quienes se les acusa de recibir pagos ilícitos de parte de CORPESCA con el objetivo de aprobar artículos de la ley a su conveniencia.
En esto, también existió participación de Pablo Longueira, quien fuera ministro de Economía en el primer período del Gobierno de Sebastián Piñera, y que fue procesado por problemas de corrupción asociados a la misma ley.
Una de las afirmaciones entregadas por Longueira durante el juicio en el que declaró como imputado, fue que, gracias a la ley aprobada bajo su dirección, se ha logrado re impulsar al sector pesquero bajo lógicas de desarrollo sustentables, salvaguardando el futuro de las especies marinas y posicionar a Chile como uno de los países con más altos estándares en materia de conservación: “Cuando vino la Ley de pesca, mi primera preocupación yo la cambié completamente y puse como el eje la conservación. Esta Ley de pesca que tiene el país, porque se ha dicho mucho sobre ella, prácticamente nada es verdad, es una ley que tiene los estándares más altos de conservación que hay hoy en el mundo”, declaró.
El argumento que niegan los pescadores artesanales chilenos desde sus distintas agrupaciones, por considerarla favorecedora de los intereses de las grandes empresas, pertenecientes a los más ricos de Chile, CORPESCA, entre ellas.
La transcripción de su declaración ante el tribunal fue atentamente seguida por los integrantes de la Fiscalía. Por primera vez el ex senador, militante del partido Unión Demócrata Independiente (UDI), se refirió verbalmente y de manera clara a lo que judicialmente ya había sido considerado. “Estoy profundamente arrepentido de lo que ha ocurrido. En distintas instancias he pedido las disculpas y hoy día las reitero ante estos estrados”, dijo Orpis ante el tribunal y añadió: “Durante estos largos años que ha durado el proceso (...) una y otra vez con mucha impotencia me he preguntado por qué he llegado a esto”.

Quizás como argumento para aliviar lo que podría ser una dura condena, el ex parlamentario se refirió a la corporación La Esperanza, ONG dedicada al trabajo con personas adictas a las drogas y que fue fundada por Orpis, esto en la zona norte de Chile, en las regiones de Arica y Parinacota y Tarapacá, donde él fue representante. “Reiteradamente fue mencionada en este juicio y cuando se hacía pensábamos en nuestros residentes y especialmente en quienes confiaron en ella. Ningún peso de la fundación se destinó a financiar irregularmente la actividad política”.
“Hoy, con el dolor de mi alma voy a tener que abandonar definitivamente la (Corporación) La Esperanza, porque las instituciones de beneficencia viven de la confianza, y yo no soy, después de este proceso, un hombre digno de confianza”, confesó.
Por último, Jaime Orpis habló del costo familiar y el reconocimiento que hizo ante sus hijos. “Para nuestra familia este proceso ha sido traumático. De un sufrimiento indescriptible. Y como padre y esposo solo quiero dejarles el siguiente legado: su padre se equivocó. Su padre reconoció. Su padre lo lamenta. Jamás ha su padre y esposo durante todo este proceso lo escucharon una sola palabra (...) negociar para evitar un juicio”, dijo visiblemente afectado.
El extenso juicio finalizó esta mañana y dispuso condena contra Jaime Orpis, por los delitos de fraude al fisco y cohecho y cuya sentencia será dada a conocer el próximo 16 de diciembre del presente año.
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