
El candidato presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, recibió depósitos irregulares por parte de funcionarios públicos, particulares y empresas privadas durante los años en los que fue ministro de Economía de Bolivia, según reveló un informe de la Unidad de Investigación Financiera (UIF) presentado por la Procuraduría General del Estado (PGE).
Arce, de 57 años y actual candidato de Evo Morales en las elecciones presidenciales a desarrollarse el próximo 18 de octubre, percibió 33 depósitos, entre 2012 y 2018, por un total de 310.647 bolivianos de parte de seis funcionarios del ministerio de Economía. La mayoría de esas transferencias se realizaron cuando Arce se desempeñaba como ministro, aunque algunas tuvieron lugar luego de que el actual candidato presidencial abandonara el cargo por motivos de salud.
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“La UIF evidencia movimientos económicos anómalos y sin justificación legítima en las cuentas del exministro y su familia. Esas anomalías consisten en traspaso de dinero de fuentes ilícitas, flujos de dinero desconocidos vinculados a su cargo e incrementos patrimoniales desproporcionados compatibles con enriquecimiento ilícito”, manifestó el procurador general Alberto Morales en conferencia de prensa.
“Funcionarios de Economía, del Banco Central y de otras entidades denunciaban que eran obligados a pagar diezmos, a participar obligatoriamente en campañas”, añadió Morales.
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La UIF también aseguró que hallaron depósitos en las cuentas personales del exministro realizadas por personas naturales y jurídicas, entre las que se destacan Shell Bolivia, YPFB Transporte, el Consejo de la Judicatura y otras instituciones. Además, se evidenció un depósito de un funcionario del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) de la Regional Pando por 16.100 bolivianos, que no presenta ningún tipo de justificación.
“Estos depósitos tendrían como justificación el cobro por consultorías de organismos internacionales. Sin embargo, cuando uno ejerce un cargo como el de ministro de Economía, no puede seguir prestando servicios particulares de consultoría”, indicó Morales.
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La UIF afirmó desconocer el motivo de los pagos que Arce recibió de Shell Bolivia, y se mostró sorprendida que “una empresa ligada al campo petrolero realice pagos al señor Arce Catacora cuando este habría cumplido funciones en YPFB”.

La investigación también señaló que el candidato presidencial no tendría declaraciones por ingresos recibidos por actividades ajenas al cargo de ministro o docente de la Universidad Mayor de San Andrés.
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Asimismo, pese a que Arce nunca declaró tener una hacienda con ganado vacuno, los investigadores hallaron un depósito por 120 mil bolivianos correspondientes a una supuesta actividad ganadera.
El informe sostiene que, en los últimos cinco años, Arce retiró 1.132.496 bolivianos y que fueron detectados traspasos recurrentes a su secretaria personal, Helory Deysi Soria Soto, y al dirigente de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Fausto Flores.
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La investigación también apuntó contra la esposa de Arce, Lourdes Brígida Durán Romero, quien, al igual que su marido, fue señalada por registrar irregularidades en sus cuentas bancarias.
Según la UIF, Durán presenta depósitos en su cuenta bancaria por 1,7 millones de bolivianos y alrededor de 50 mil dólares, los cuales son considerados sospechosos por el monto y la modalidad de esos movimientos. Además, entre 2011 y 2019, Durán realizó depósitos en efectivo por 779.400 bolivianos en su cuenta, sin registrar “retiros ni préstamos en fechas próximas a ese movimiento financiero”.
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Frente a estos sucesos que sacudieron la campaña presidencial en Bolivia, el viceministro de Transparencia, Guido Melgar, anunció que presentará una denuncia contra Arce por delito de enriquecimiento ilícito.
“No existe justificativo ni respaldo de dónde eran esos depósitos y por concepto de qué, porque el único ingreso que debería haber tenido Arce era su sueldo. No hay correlación en lo que ganaba con los movimientos bancarios que tuvo”, expresó.
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Por su parte, el ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, señaló que su cartera se hará presente en el Ministerio Público para acelerar las investigaciones del caso.
Mientras que la vocera del MAS y exministra de Comunicación, Marianela Paco, defendió a Arce de las denuncias y aseguró que forman parte de una “guerra sucia”.
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“Entre febrero y marzo nosotros habíamos anticipado que íbamos a sufrir una serie de ataques de guerra sucia de baja calaña. De todas las acusaciones, esta es una más y se atenderá en la vía que corresponda”, manifestó Paco.
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