Gobierno alerta por fraudes contra adultos mayores: usan nombres de servidores públicos para extorsionar

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno emitió una alerta este 2 de julio de 2026 por la existencia de una red de fraude y extorsión que utiliza nombres y cargos de personas servidoras públicas federales para engañar principalmente a personas adultas mayores. La secretaria advirtió que estos delitos se cometen a través de diferentes medios y con documentos falsificados para dar apariencia de legitimidad.

Las personas defraudadoras se presentan como funcionarias de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, así como de otras dependencias federales, con el objetivo de solicitar pagos bajo diversos pretextos. Entre los conceptos exigidos se encuentran gestiones de trámites, recuperación de fondos defraudados, certificaciones jurídicas o la supuesta posibilidad de evitar sanciones fiscales. Para lograrlo, emplean documentos apócrifos con logotipos oficiales y perfiles falsos en redes sociales.

El modo de operar de esta red consiste en establecer contacto con las víctimas, mayormente adultos mayores, por medio de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos o redes sociales. Usan identidades de servidores públicos para generar confianza y persuadir a las personas de realizar depósitos o transferencias bancarias a cambio de servicios inexistentes.

Recomendaciones y medidas preventivas para la ciudadanía

La Secretaría recomendó a la ciudadanía no proporcionar información personal ni bancaria y evitar cualquier tipo de pago solicitado por supuestos funcionarios públicos.

También pidió estar alerta frente a cualquier comunicación dudosa que solicite depósitos u ofrezca gestiones administrativas, enfatizando que los servicios de la dependencia son totalmente gratuitos.

Para quienes hayan sido víctimas de estas prácticas fraudulentas, la dependencia puso a disposición las líneas telefónicas 552000-2000 y 800-1128-700 para recibir asesoría y canalizar las denuncias correspondientes.

Se recalcó que toda persona que intente sorprender a la población incurriendo en conductas de este tipo está cometiendo un delito y será perseguida conforme a la ley.

Postura institucional y advertencia sobre la gratuidad de los servicios

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reiteró que no realiza cobros por trámites ni gestiones y que sus servicios son completamente gratuitos, además, la dependencia señaló que cualquier intento de cobro por parte de personas que se ostenten como servidores públicos debe considerarse una señal de alerta y ser reportado de inmediato a las autoridades.

El llamado de la Secretaría busca proteger especialmente a los sectores más vulnerables, como las personas adultas mayores, que han sido blanco frecuente de estos fraudes. La dependencia exhorta a la población a mantenerse informada y a consultar únicamente canales oficiales para cualquier trámite o consulta relacionada con gestiones públicas.

Las sanciones por este tipo de fraude

En México, la legislación contempla sanciones específicas para quienes cometen fraudes mediante la suplantación de identidad de servidores públicos. De acuerdo con una propuesta reciente del Partido del Trabajo (PT), presentada en junio de 2026, se busca reformar el Código Penal Federal para tipificar como delito la “suplantación de identidad” por cualquier medio, con penas de cuatro a ocho años de prisión y multas de 400 a 800 días, además de la obligación de reparar el daño causado.

La iniciativa establece agravantes si la víctima es una persona adulta mayor, menor de edad, persona con discapacidad o sin capacidad para comprender o resistir el hecho, incrementando la pena hasta en un 50 % adicional. También se contempla una agravante si el responsable obtiene los datos mediante su empleo, cargo o profesión.

Estas penas se suman a las ya existentes por delitos de fraude y uso ilícito de atribuciones y facultades, que pueden ir de dos a 12 años de prisión según la gravedad y los montos involucrados.