
Un tribunal constitucional de Bolivia determinó este lunes que Evo Morales se encuentra inhabilitado para postularse como senador por el departamento de Cochabamba en las próximas elecciones del país, que tendrán lugar el próximo 18 de octubre.
La decisión fue tomada por Alfredo Jaimes, un magistrado nombrado específicamente para romper el empate jurídico en el que había quedad la corte, cuya votación al respecto de la semana pasada culminó con cuatro votos a favor y cuatro en contra.
Morales criticó la medida a través de su cuenta de Twitter: “Bajo amenazas y presiones de procesos, el dirimidor tomó una decisión política ilegal e inconstitucional. La historia demuestra que podrán inhabilitar a Evo pero no podrán proscribir al pueblo”, expresó.
Quienes se inclinaron por la negativa basaron su decisión en el hecho de que Morales no cuenta con dos años de permanencia en Bolivia previos a la elección ni domicilio en el país.
En contraste, los portavoces de Morales aseguraron en reiteradas ocasiones que él “nunca ha cambiado su lugar de votación” y “tiene su domicilio oficial” en un poblado de Cochabamba, de donde es oriundo. Sebastián Michel, vocero del Movimiento al Socialismo (MAS), remarcó la semana pasada que no puede estar presente en el país porque “no tiene garantías constitucionales”.
Además, los representantes legales de Morales aseguraban que hay resoluciones internacionales que dan por descartada la validez de la residencia en el país y podían funcionar como precedentes válidos dadas sus características similares.
El ex mandatario dejó Bolivia -y su rol como jefe de Estado- en noviembre del año pasado tras renunciar a la presidencia, luego de semanas de conflictos social catalizados por un proceso electoral que la OEA determinó había sido fraudulento a su favor. Inicialmente voló a México y en diciembre recaló en Argentina, tras serle concedido refugio.
Desde entonces ha estado viviendo en Buenos Aires, comandando en paralelo la campaña presidencial del Movimiento al Socialismo (MAS) para las elecciones que suplirán a los comicios cancelados del pasado octubre y cuya fórmula integran sus ex ministros de Economía y Relaciones Exteriores, Luis Arce y David Choquehuanca, respectivamente.
Carlos Mesa, oponente de Morales en la segunda vuelta frustrada y actual candidato presidencial, celebró la noticia: “Quedó definitivamente cerrado el debate sobre la pretensión de Morales de postularse al Senado violando la Ley. Saludamos la preeminencia de la decisión del TSE, la única instancia con la legitimidad para decidir sobre temas electorales”, expresó.

De volver a Bolivia, Morales enfrenta distintos cargos que han sido presentado en su contra por el Gobierno interino de Jeanine Áñez: uno por sedición, terrorismo y financiamiento del terrorismo y otro por estupro y tráfico de personas.
Con respecto al primero, pesa también sobre él una orden de aprehensión presentada por dos fiscales. En concreto, la acusación es consecuencia de la aparición de una serie de audios en los que una voz, atribuida al ex mandatario, instruye a un dirigente cocalero a bloquear caminos e interrumpir el suministro de alimentos a distintas ciudades en el marco de los disturbios sociales catalizados por las elecciones fraudulentas en el país.
A principios de julio, la Comisión de Fiscales Anticorrupción de Bolivia acusó formalmente a Morales por los mencionados delitos. No obstante, para el momento en que se libró la orden -en diciembre de 2019- Morales ya se encontraba instalado en Argentina, cuyas autoridades indicaron que tenía “estatus de refugiado” y que no aceptarían extraditarlo.
Según consignó el medio local El Deber, un informe del Centro Tecnológico de Investigación de Colombia determinó hace más de cuatro meses que había una “alta probabilidad de identificación” entre la voz del audio y la del ex mandatario.
Un mes después, el dirigente cocalero del otro lado del teléfono, Faustino Yucra, fue detenido por las autoridades en el departamento de Chuquisaca. En el audio, la voz atribuida a Morales insta a Yucra a dar una “dura batalla a los fascistas y racistas”. “Va a ser hora de combate, combate, combate (...) Con el pueblo alteño y otros sectores, vamos a derrotarlos”, sostiene.

Y en agosto de este año, el Ejecutivo interino presentó una denuncia por estupro y tráfico de personas. La presentación fue realizada ante una fiscalía de La Paz por el viceministro de Transparencia, Guido Melgar, y tuvo lugar días después de que tomara estado público una supuesta relación entre el ex mandatario y una menor de edad.
La mujer en cuestión actualmente tiene 19 años. Pero considerando que numerosos mensajes datan de una fecha anterior a su renuncia, en noviembre de 2019, se investiga la posibilidad de que la supuesta relación comenzara cuando era menor de edad.
Poco después de que se anunciara la denuncia, la mujer, Noemí M., confirmó que conoce al ex mandatario. Indicó que lo conoció a los 16 años y que “son enamorados” desde mayo de 2020. Noemí reveló además que viajó a México y Argentina, los países a donde Morales viajó en su exilio, y que fueron sus padres -quienes son agricultores- los que financiaron el viaje. Tuvo contacto con el ex presidente en ambos lugares.
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