La nueva ley petrolera de Cuba, que entró en vigor este lunes 19 de octubre, abre la participación de inversores nacionales y extranjeros en toda la cadena de hidrocarburos. Expertos consultados por EFE advirtieron que el sector privado de la isla carece de la escala financiera requerida y que el régimen cubano conserva un control centralizado sobre los recursos.
La norma abarca desde la exploración en tierra y aguas profundas hasta la refinación, el transporte y la comercialización de petróleo y gas. El texto sostiene que los yacimientos ubicados en el territorio nacional son propiedad socialista de todo el pueblo y están sujetos a los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad.
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El director de Inversiones y Negocios de Petróleo y Gas del Ministerio de Energía y Minas, Pedro Abigantus, afirmó que la legislación busca crear condiciones jurídicas para aumentar de forma gradual la producción de crudo y gas natural. El objetivo, añadió, es elevar las reservas y atender parte de la demanda interna de combustibles y derivados.
La entrada en vigor de la ley ocurre durante una crisis energética marcada por apagones que, en algunas zonas, superan las 20 horas diarias. La isla depende de importaciones para cubrir buena parte de sus necesidades energéticas.
Contratos de producción compartida, concesiones y servicios para privados
La legislación permite que personas naturales o jurídicas, cubanas o extranjeras, intervengan en actividades petroleras a través de contratos de producción compartida, concesiones y contratos de servicios petroleros.
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Abigantus sostuvo que la apertura abarca desde la exploración y la extracción hasta otros eslabones de la industria. Según explicó a EFE, el propósito es que el desarrollo del sector no quede limitado a la entrada de capital en operaciones extractivas y que pueda movilizar capacidades locales para servicios asociados.
El economista Omar Everleny consideró que la norma ordena aspectos vinculados con la exploración petrolera y gasífera, aunque mantiene una estructura de decisión concentrada en el Estado.
“El régimen cubano sigue teniendo un control muy rígido” sobre los recursos, afirmó Everleny. A su juicio, los permisos para iniciativas vinculadas con el sector requieren autorizaciones de los niveles más altos de la estructura estatal, dentro de una política que conserva una “retórica de mucho control”.
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Límites financieros que frenan la participación privada
El economista cubano Daniel Torralbas coincidió en que la autorización legal no resolverá el principal obstáculo de la industria: el financiamiento. “Este es un tipo de actividad que es intensiva en capital”, indicó.
Torralbas señaló que el sector privado cubano tiene una dimensión reducida frente a los recursos necesarios para perforación, tecnología, maquinaria y formación de personal. “Esta es una actividad para grandes industrias y empresas que dependen de economías de escala”, afirmó.
Everleny también sostuvo que, aunque la norma incluye a personas naturales y jurídicas entre los posibles participantes, en la práctica la actividad petrolera requiere compañías de gran tamaño y capacidad inversora.
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Para Torralbas, los privados podrían aumentar su presencia en áreas menos intensivas en capital, como la comercialización, la importación, el almacenamiento y la venta de combustibles. Esos segmentos ya registran participación de empresas de la isla.
Datos de la Oficina del Censo de Estados Unidos indican que las exportaciones de combustibles desde ese país a Cuba sumaron USD 231,7 millones en lo que va del año. Parte de esos envíos correspondió a diésel y gasolina adquiridos por firmas privadas para transporte y actividades comerciales.
La actualización legal busca reducir la dependencia de importaciones en un contexto agravado desde enero por el bloqueo petrolero de Estados Unidos. Washington impuso además sanciones en mayo contra quienes mantengan negocios con la isla, medidas que afectaron el interés de inversores extranjeros. La canadiense Sherritt International, por ejemplo, suspendió tras 30 años su participación directa en las empresas mixtas Moa Nickel y Energas.
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