Un incendio desatado este sábado en un hospital del Distrito Federal de Brasilia obligó a evacuar a las prisas a pacientes ingresados, en plena pandemia del nuevo coronavirus.
El fuego comenzó sobre las 10:00 hora local (13:00 GMT) en el Hospital privado de Santa Luzia y provocó una intensa columna de humo en la parte de la azotea del edificio que se elevó sobre el cielo de la capital brasileña, aunque fue controlado en poco tiempo.

Agentes del Cuerpo de Bomberos se trasladaron hasta el local para apagar las llamas y ayudar en la evacuación de los enfermos en un momento de emergencia debido a la COVID-19, que deja ya cerca 120.000 muertes y más de 3,8 millones de infectados en todo el país.
Según la investigación preliminar, el incendio comenzó en la sala de máquinas del hospital y hasta el momento no hay información sobre heridos.
La rápida movilización de los bomberos impidió que las llamas se extendieran por todo el centro hospitalario.
Brasil, con una población de unos 212 millones de personas, es el segundo país del mundo más castigado por el coronavirus, solo por detrás de Estados Unidos.

En muchas zonas del país la pandemia no está controlada, como es el caso de Brasilia, que, con tres millones de habitantes, registraba hasta este viernes 2.440 muertos y 158.180 casos, y aún presenta una curva en fase creciente, según el último boletín del Ministerio de Salud.
La tasa de mortalidad de la enfermedad en la capital brasileña es de 80,9 muertos por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la medida nacional del país, que es de 56,9.
El pasado martes, el secretario de Salud de Brasilia, Francisco Araújo, y otros seis funcionarios de su despacho fueron detenidos por supuestos fraudes en la compra de test para la COVID-19.
En todos los casos, el tribunal que investiga el asunto dictó órdenes de prisión preventiva, cumplidas por la Policía de Brasilia, que actúa en conjunto con organismos de otros estados del país en los que también se presume que actuaba la misma red de corrupción en salud.

Según la Fiscalía, Araújo y sus presuntos cómplices en la trama incurrieron en fraudes y desvíos de dinero público en operaciones para la compra de test para el coronavirus, que de acuerdo con los datos oficiales totalizaron unos 70 millones de reales (12 millones de dólares).
Sin embargo, se sospecha que hubo un sobreprecio equivalente a casi el 40 % del negocio, pactado con empresas privadas ajenas al área de salud que también habrían actuado en otros estados del país en los que se investigan prácticas similares.
(Con información de EFE)
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