El Comité de Emergencia por el coronavirus en Bolivia aprobó este jueves el uso de “tobilleras eléctricas” en La Paz para controlar que sospechosos de portar el virus cumplan con la cuarentena, una medida que se plantea extender nivel nacional.
Inicialmente se ha dispuesto el uso de 500 tobilleras eléctricas que cuentan con un chip, para rastrear a los posibles contagiados de COVID-19 y frenar la propagación del virus que en el país, con 18 fallecidos y 264 casos confirmados, informó el ministro interino de Obras Públicas, Iván Arias.
Estas tobilleras que cuentan con localización por satélite GPS registrarán los desplazamientos de personas sospechosas para controlar su ubicación, que será de conocimiento de la Policía, según un boletín del Ministerio de Obras Públicas.
Por su parte, el ministro interino de Justicia, Álvaro Coimbra, planteó el uso de manillas electrónicas, que estaban destinadas inicialmente para monitorear a reos con medidas sustitutivas de la cárcel. Estas manillas serían utilizadas para el seguimiento a casos sospechosos como también a los confirmados de coronavirus que deben cumplir con el aislamiento en sus casas o en un hotel.
La finalidad de esta propuesta es “tener un mapa” a nivel nacional de las personas que están “siendo tratadas”, como también para controlar que no salgan de sus casas, dijo Coimbra en rueda de prensa en La Paz.
“Hemos visto que hay personas que la verdad no tienen la capacidad ni la madurez para entender que cuando estamos como sospechosos en cuarentena o ya estamos con la enfermedad y estamos aislados, debemos tener la responsabilidad de quedarnos en casa”, sostuvo.
El plan es aplicar esa medida a nivel nacional para que se pueda ver en tiempo real dónde están los casos sospechosos, los confirmados y que es de “fácil implementación”, indicó.
El Gobierno interino asumió medidas para frenar los contagios como la cuarentena hasta el 15 de abril, la declaración de emergencia sanitaria, el cierre de fronteras y la prohibición de viajes.
Persisten, no obstante, episodios de incumpliendo que llevaron durante esta jornada a adoptar decisiones como esta de las tobilleras, después de que el día anterior se registrara un importante aumento de nuevos casos de COVID-19.
Días atrás, Human Rights Watch (HRW) advirtió que el decreto emitido por el Gobierno interino de Bolivia para evitar la expansión de COVID-19 amenaza la libertad de expresión, al permitir a las autoridades procesar penalmente a quienes critiquen las políticas públicas. En un comunicado, el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, aseguró que “el Gobierno interino de Bolivia aprovecha la pandemia para arrogarse el poder de sancionar penalmente a quienes publiquen información que las autoridades consideren ‘incorrecta’, y esto viola el derecho a la libertad de expresión”.
HRW recuerda que el 25 de marzo pasado la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, emitió un decreto que ampliaba las medidas de cuarentena para impedir la propagación del coronavirus. Uno de sus artículos estipula que las “personas que inciten al incumplimiento del presente Decreto Supremo o desinformen o generen incertidumbre a la población serán sujeto de denuncia penal por la comisión de delitos contra la salud pública”. Según el organismo internacional, funcionarios de alto rango del país han mencionado expresamente a opositores políticos como posibles blancos de procesamiento por “desinformar”.
Con información de EFE
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