A las 10:00 local (15:00 GMT) comenzó en Quito la movilización pactada para este miércoles después de que el gobierno ecuatoriano y líderes indígenas sostuvieran la víspera un primer acercamiento, en medio de la crisis social que afecta a Ecuador por el alza de los precios del combustible.
Los indígenas se concentraron en el centro norte de la capital -adonde llegaron entre el lunes y martes desde el interior del país- y ya comenzaron a marchar rumbo al casco histórico de la ciudad. A esa protesta se sumaron sindicatos y trabajadores.
Pese al diálogo abierto entre el Ejecutivo y los indígenas, la protesta no cede. Además, el bloqueo se mantiene en Sierra Norte, Centro, Austro y de Santo Domingo. En Ambato y Pastaza se registraron saqueos y la destrucción de propiedad privada y pública, según confirmaron las autoridades locales.
Los aborígenes exigen que el presidente Lenín Moreno eche para atrás el desmonte de los subsidios acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de préstamos por 4.209 millones de dólares. “Ya hemos tenido los acercamientos respectivos; hemos conversado con algunos de sus dirigentes”, dijo a la prensa Moreno el martes por la noche, cuando saludó a soldados que protegen un puente en Guayaquil, en el sudoeste del país.
A pesar del contacto inicial, con la mediación de las Naciones Unidas (ONU) y la Iglesia Católica, Moreno admitió que “hay alguna dificultad” por el hecho de que “más de 60 organizaciones” muestran su disgusto por el aumento de precios. Sin que amainen las protestas que se registran desde hace una semana, manifestantes asaltaron el martes la sede legislativa. La fuerza pública logró desalojar a las personas que ingresaron, por breve lapso, al edificio desocupado de diputados en la militarizada capital ecuatoriana.
Las protestas que estallaron por el fin de los subsidios -pactado con el FMI- y la consecuente alza de hasta 123% en los combustibles desataron más caos y golpearon sensiblemente la producción petrolera debido a la toma violenta de pozos en la Amazonía. En Quito, militares y policías repelieron con gas lacrimógeno a varios cientos de manifestantes que con la cara cubierta también intentaron ocupar la sede del Congreso unicameral. Sobre la vía ardían árboles caídos y las humaredas eran visibles a distancia.
“Primero la Asamblea y luego nos tomaremos Carondelet (casa presidencial)”, amenazó uno de los manifestantes, en abierto desafío al estado de excepción que rige en el país desde el jueves.
Diálogo abierto
Este lunes Moreno se vio forzado a trasladar la sede del gobierno de Quito a Guayaquil, unos 270 kilómetros al suroeste, desde donde promueve el diálogo con la dirigencia de la poderosa Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie). “Hay diálogo para los hermanos indígenas que lastimosamente tienen necesidades, y en eso estamos completamente de acuerdo”, dijo previamente en una declaración a los medios.
Decretado para aliviar el alto endeudamiento y la falta de liquidez, el fin de los subsidios y la subsecuente alza de los combustibles terminó envolviendo a Ecuador en su peor espiral de manifestaciones desde 2007. En una aparición el lunes en televisión, Moreno señaló directamente al ex mandatario ecuatoriano Rafael Correa, otrora aliado suyo, de intentar derrocarlo en alianza con el gobierno venezolano de Nicolás Maduro.
“El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización”, dijo el presidente rodeado del alto mando militar, que de momento se ha cohesionado en torno al gobierno. Maduro se burló al señalar el martes que esa acusación es tan insólita como decir que puede derrocar gobiernos con tan solo mover su bigote.
Desde el exterior, Correa por su lado negó los señalamientos y pidió el adelanto de elecciones -previstas para 2021- ante lo que describió como una “grave conmoción social”. El ex gobernante vive en Bélgica y enfrenta una orden de captura en Ecuador por un delito que le endilga la fiscalía desde antes de que estallaran las protestas la semana pasada. Los Estados Unidos, la Secretaría General de la OEA y siete países latinoamericanos encabezados por Brasil, Colombia y Argentina cerraron filas en torno a Moreno.
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