Saúl Santos Ferro, represor de la dictadura cubana que vive en Miami, Florida, fue condenado a seis meses de prisión por hacer declaraciones falsas en su solicitud de residencia permanente legal en EEUU y por robar fondos del gobierno.
El ciudadano cubano, de 74 años, se declaró culpable de los cargos y fue condenado por el juez estadounidense Darrin P. Gayles, del Distrito Sur de Florida, quien también ordenó que Santos fuera deportado a Cuba inmediatamente después de cumplir su sentencia y pagar una multa de USD 12.522.
De acuerdo con la evidencia en los documentos, el funcionario de alto rango del régimen cubano realizó una serie de mentiras y tergiversaciones en su solicitud para registrarse como residente permanente que luego presentó a las autoridades de inmigración de los EEUU.
Específicamente, en la solicitud Santos no reveló su membresía o afiliación con ninguna organización. Declaró falsamente que nunca se desempeñó o fue miembro de una unidad de policía, y declaró falsamente que nunca sirvió en ninguna situación que involucrara a personas detenidas.
Sin embargo, Santos se desempeñó como oficial de alto rango en el Departamento de Seguridad del Estado de la dictadura cubana durante décadas y estuvo involucrado en el arresto y detención de disidentes políticos.
Además, Santos declaró falsamente que nunca procuró, por fraude o tergiversación intencional, obtener una visa, u otra documentación de entrada a los Estados Unidos o cualquier otro beneficio de inmigración.
En el juicio, Santos admitió haber recibido beneficios de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) a los que no tenía derecho. SSI es un programa financiado por dólares de impuestos y administrado por la Administración del Seguro Social para proporcionar a los ancianos y a las personas con discapacidades dinero en efectivo para cubrir sus necesidades básicas, incluyendo alimentos, ropa y vivienda. Santos y su esposa calificaron y comenzaron a recibir beneficios de SSI en septiembre de 2014, pero para abril de 2015, Santos y su esposa tergiversaron su situación de vida y comenzaron a recibir más dinero del que tenían derecho a recibir. Debido a su tergiversación, el Tribunal declaró a Santos responsable de los sobrepagos, que ascendían a 28.491,83 dólares.
En el desarrollo de la acusación se involucraron el FBI y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos.
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