Condenaron a 58 años de cárcel a Rosa Elena Bonilla, ex primera dama de Honduras

En un hecho sin precedentes en la historia de Honduras, un Tribunal de Sentencia de Tegucigalpa condenó a 58 años de cárcel a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, esposa del ex presidente del país centroamericano Porfirio Lobo (2010-2014).

La sentencia fue dictada sin la presencia de Bonilla, quien tampoco se presentó el 27 de agosto al Tribunal de Sentencia para conocer el día de la sentencia.

Tampoco estuvo presente su esposo, el ex presidente Lobo, quien sí lo hizo en las audiencias del 20 y 27 de agosto y calificó de "injusta" la decisión de la Justicia de declararla culpable.

Bonilla fue condenada a diez años de prisión por apropiación indebida y a seis años por cada uno de ocho delitos de fraude, que suman 48, para "un total de 58 años de reclusión", dijo a los periodistas el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva.

Además de la condena de 58 años de cárcel, de los que por ley no puede cumplir más de 30, a Bonilla se le impuso una multa de 1,2 millones de lempiras (unos 48.387 dólares), equivalente al 10 % de más de 12 millones de lempiras (unos 495.967 dólares) que habría desviado, según la acusación, de los fondos del Despacho de la Primera Dama, a cuentas bancarias personales suyas.

Luego de conocer la sentencia contra su esposa, el ex presidente Lobo la calificó como un "linchamiento".

Además, dijo que se trata de una "presea" que el presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, "le prometió" al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, a través de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que depende del ente hemisférico.

"Con el 'linchamiento' de Mi Querida Rosa Luis Almagro tiene la presea que le prometió su socio y amigo Juan Orlando Hernández, a cambio que le siga encubriendo sus varios actos de mega corrupción (sic)", escribió Lobo en la red social Twitter.

Añadió que a su esposa, a quien en público, cuando se refiere a ella le dice "Mi Rosa", se le condenó "sin importar las violaciones a sus DDHH, Constitucionales y Legales".

Desde que Lobo conoció el 20 de agosto que su esposa fue declarada "culpable" por los delitos de corrupción que le imputó el Ministerio Público, no solo reiteró que era injusto porque ella "no ha cometido delito", sino que también anunció que apelaría ante la Corte Suprema de Justicia.

Expresó además que, de no tener una respuesta favorable, acudirá a otras instancias internacionales como la Corte Centroamericana de Justicia y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).

La sentencia contra Bonilla la absuelve del delito malversación de caudales públicos en contra de la administración pública.

Bonilla, para quien el Ministerio Público pedía 77 años de cárcel, fue capturada y remitida a prisión el 28 de febrero de 2018, por un caso denominado "La caja chica de la dama" en el que, por primera vez, una ex primera dama ha sido acusada y condenada.

La Justicia hondureña también condenó, por el mismo caso, a 48 años de prisión, al ex secretario privado de Bonilla, Saúl Escobar, contra quien el Ministerio Público había solicitado 64 años de cárcel por ocho delitos de fraude.

Además, absolvió, en agosto, a un tercer implicado en el caso, Mauricio Mora, cuñado de la ex primera dama, de ocho delitos de fraude y lavado de activos por "insuficiencia probatoria".

La acusación contra Bonilla y los otros implicados en el caso "La caja chica de la dama", fue presentada después de una investigación de la Unidad Especial de la Fiscalía Contra la Corrupción y la Impunidad (Ufecic), que depende del Ministerio Público, y la Maccih.

En marzo, las autoridades de Honduras embargaron bienes de la ex primera dama hondureña, su cuñado y su ex secretario.

El Ministerio Público y la Maccih han abierto varias investigaciones y denunciado casos de corrupción que salpican a políticos, algunos de ellos diputados del Parlamento hondureño, empresarios, funcionarios del presente y gobiernos pasados, entre otras personas.

Los juicios continúan entre las expectativas de una ciudadanía contraria a repetidos casos de corrupción en un país de 9,3 millones de habitantes, de los que más del 60 % son pobres, y la preocupación de algunos sectores porque los políticos salpicados por las corruptelas terminen expulsando a la Maccih.

(Con información de EFE)

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