
Cuando aún las llamas y el humo no se ha disipado en el Amazonas y otras zonas biodiversas de América latina, líderes políticos de Brasil, Perú, Ecuador y Colombia firmarán mañana un pacto que buscar reforzar el tratado existente de protección de esta zona que tiene impacto en toda la región.
Los últimos datos disponibles sugieren que la reunión, de la que el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, participará por videoconferencia por un problema de salud, culminará con la firma de un "Pacto Amazónico" que está siendo liderado por el gobierno colombiano, con aportes de otros países amazónicos.
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El objetivo es superar los acuerdos existentes, como la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA). Será un texto declarativo no vinculante y, potencialmente, el inicio de un proceso más largo de un esfuerzo concertado para dirigir los flujos de cooperación hacia la región.
"Tenemos que elevar nuestra voz al nivel presidencial y hacer un pacto donde todos coordinemos nuestras acciones para proteger nuestra Amazonía", dijo Iván Duque en una conferencia de prensa en la ciudad amazónica de Pucallpa, en Perú.
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El presidente de Perú, Martín Vizcarra, agregó que la reunión buscará comprometer a los países con un plan común para proteger la selva tropical en la cuenca amazónica, compartido por Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana y Surina.
"No debería ser sólo una política reactiva debido a la emergencia a la que se enfrentan los países vecinos con estos incendios. Más bien debería tener una visión a largo plazo sobre cómo evitar la deforestación", sostuvo el peruano.
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Los incendios no sólo afectan a Brasil. Al menos 600.000 hectáreas están ardiendo en Bolivia, cerca de la frontera con Paraguay y Brasil. Evo Morales, presidente de Bolivia, también participaría del encuentro.
Duque calificó de "preocupantes" los incendios en Brasil, pero agregó que la gente de todo el mundo necesita ser más consciente de cómo contribuyen al cambio climático.
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Los países esperan poder actuar de manera coordinada para la protección de esta región del mundo. Sin embargo, no va ser una tarea fácil ya que sólo en 2018 la Amazonia colombiana concentró el 70,1% de la deforestación total del país, acumulando una pérdida de 282.323 hectáreas en los últimos dos años.

Duque el mes pasado junto al Ministerio de Medio Ambiente, creó el Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación. El jefe de esta cartera, Ricardo Lozano, dijo que la prevención es la política del gobierno en temas ambientales. "A pesar de que el país cayó en una desafortunada actitud reactiva frente a los temas ambientales, somos los principales enemigos de la reacción y nuestras acciones están enfocadas en prevenir los daños sobre la naturaleza".
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Desde hace 10 años, existe en el país un avanzado sistema de monitoreo de los bosques que viene siendo operado por el Instituto de Hidrología Metereología y Estudios Ambientales (Ideam). Esto ha permitido detectar las amenazas contra los bosques, lo que generó que en 2018 la cifra de hectáreas deforestadas en Colombia haya disminuido un 10 por ciento.
"Afortunadamente está lloviendo en el Amazonas colombiano. Ha llovido en Leticia en los últimos 15 días", dijo al explicar por qué en esa parte de la selva no han ocurrido incendios como los de Brasil.
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Lozano recordó que "la conservación y protección" de los recursos naturales es una prioridad del Gobierno colombiano y así quedó establecido en el Plan Nacional de Desarrollo aprobado el año pasado por el Congreso.
Los daños en Brasil aún no están calculados. Por el momento se habla de casi 3 millones de hectáreas afectadas en la Amazonia y en El Cerrado. Bolsonaro emitió una prohibición de encender fuego y de deforestar por dos meses, aunque esto sólo sucedió hace pocos días.
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El mismo camino tomó Bolivia. Uno de los partidos más afectados, el de Santa Cruz, decidió ayer por ley que poner en vigencia la pausa ambiental en el departamento, la misma que se apoya en cuatro ejes principales que deberán de cumplirse en las zonas que están en emergencia por los incendios forestales. Las medidas adoptadas son las siguientes: la prohibición de los asentamientos humanos en las áreas afectadas, se suspenden la quema y los desmontes, el cambio de uso de suelo y la caza y comercialización de los productos generados por los incendios.
En Paraguay hasta el momento se han registrado daños por el fuego en 70.000 hectáreas. La zona más afectada es la del Chaco paraguayo, región que se extiende hasta la Argentina.
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