Un tribunal de juicio de Panamá declaró culpables a dos mujeres y un hombre por delitos contra el ambiente y delincuencia organizada, tras comprobar su participación en una red dedicada a comercializar ilegalmente más de 135.000 aletas de tiburón.
El cargamento, equivalente a unas seis toneladas, fue descubierto durante la operación Shark, desarrollada en julio de 2023.
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La decisión judicial se produjo después de un proceso que comenzó el 27 de abril y concluyó el 22 de octubre de 2026. La lectura de la sentencia está prevista para el 12 de noviembre, cuando se conocerán las penas que deberán cumplir los responsables de una actividad cuya afectación ambiental también fue acreditada por la Fiscalía.
Las investigaciones establecieron que la organización operó entre 2021 y 2023, mediante una cadena de suministro que involucraba proveedores de Farallón, en Coclé, y del Mercado del Marisco de la capital.
Las aletas eran trasladadas a una finca en Capira, donde se secaban, horneaban, embalaban y almacenaban para su comercialización.
El 13 de julio de 2023, las autoridades ejecutaron diez allanamientos en Panamá, San Miguelito, Coclé y Panamá Oeste, que permitieron aprehender inicialmente a cinco personas.
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Las diligencias, coordinadas por las fiscalías de Delincuencia Organizada y Ambiente, con apoyo de la Policía Nacional, permitieron reconstruir el funcionamiento de la red y sus actividades comerciales.
El aleteo de tiburón consiste en cortar las aletas del animal y desechar el resto de su cuerpo, en ocasiones cuando todavía está vivo. Sin sus aletas, el ejemplar pierde su capacidad de desplazarse y puede morir por asfixia o depredación. La práctica es condenada por su crueldad y el desperdicio de recursos marinos.
En Panamá, la Ley 9 de 2006 prohíbe expresamente el aleteo de tiburones, así como determinadas actividades vinculadas con productos obtenidos mediante esta práctica. La legislación establece controles sobre el aprovechamiento de estos animales y contempla sanciones administrativas, sin perjuicio de las responsabilidades penales que puedan corresponder.
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El Código Penal panameño también sanciona conductas relacionadas con la captura y comercialización ilegal de especies silvestres protegidas.
La aplicación de estas disposiciones depende de los hechos acreditados, los permisos exigibles y las circunstancias de cada investigación. En el caso Shark, el tribunal también declaró probada la delincuencia organizada.
Las aletas tienen como principales mercados de consumo a China continental y Hong Kong, donde se utilizan especialmente para preparar sopa de aleta de tiburón. Este plato tradicional se ha asociado durante décadas con celebraciones, banquetes, riqueza y prestigio social, factores que han contribuido a sostener su demanda internacional.
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Alrededor de su consumo persisten creencias sobre supuestas propiedades afrodisíacas, rejuvenecedoras y beneficios extraordinarios para la salud, aunque no existe evidencia científica sólida que respalde esas afirmaciones.
Por el contrario, diversos estudios han identificado mercurio y otros contaminantes en muestras de aletas, lo que plantea preocupaciones adicionales sobre su consumo.
Los tiburones cumplen una función esencial en el equilibrio de los ecosistemas marinos, porque ayudan a regular poblaciones de otras especies y participan en el funcionamiento de las cadenas alimentarias. Su disminución puede alterar las relaciones entre depredadores y presas, con consecuencias para la biodiversidad y la estabilidad de los océanos.
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El problema adquiere especial importancia porque muchas especies de tiburones crecen lentamente, alcanzan tarde la madurez sexual y tienen pocas crías. Estas características dificultan la recuperación de sus poblaciones cuando enfrentan una extracción excesiva.
Por eso, la pesca indiscriminada y el comercio ilegal representan amenazas persistentes para su conservación.
Panamá, cuya posición geográfica facilita el tránsito de mercancías entre mercados internacionales, enfrenta el desafío de vigilar la procedencia y comercialización de productos marinos. La regulación también busca impedir que especies amenazadas ingresen a cadenas de suministro sin los permisos y certificados exigidos por las autoridades.
La operación Shark constituye un precedente judicial frente al comercio ilegal de especies marinas en Panamá, aunque todavía está pendiente la determinación de las penas.
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El expediente evidencia cómo una actividad que comienza con la captura de animales puede convertirse en una cadena comercial organizada con consecuencias ambientales de largo alcance.
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