
Decenas de miles de médicos cubanos que participan de las misiones de asistencia en el extranjero, buena parte de ellos en países como Venezuela y Brasil, lo hacen en condiciones de esclavitud, sin libertades esenciales y bajo una fuerte vigilancia estatal. El régimen castrista, que exporta a esos profesionales como mano de obra esclava, es el gran beneficiario de esta gigantesca operación internacional que es presentada al mundo como una acción solidaria pero que se traduce en ingresos para el gobierno de La Habana por alrededor de 8.000 millones de dólares al año, más que lo que producen el turismo y las remesas que envían los cubanos residentes en el exterior combinados.
Los médicos sufren además persecución y control ideológico, son desvinculados de sus familias por largos períodos, enfrentan penas de prisión si abandonan los programas de asistencia y deben cumplir con largas jornadas de trabajo de hasta 64 horas semanales en los destinos que les tocan, que no pueden elegir y de los que no pueden salir porque tienen un visado específico en sus pasaportes.
Estos y otros abusos fueron documentados por la organización de derechos humanos Cuban Prisoners Defenders, que la semana pasada elevó un extenso informe a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI), con la esperanza de que inicie una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad, y esta mañana los responsables del trabajo presentaron las conclusiones en la sede de la Organización de los Estados Americanos (OEA), en esta capital.
"Es una tragedia de dimensiones horrendas", afirmó Javier Larrondo, presidente y fundador de Cuban Prisoners Defenders en el inicio de su presentación, de la que participó Infobae. "Estimamos que entre 50.000 y 100.000 civiles se ven afectados cada año", dijo. "Todos los expertos coinciden en que esto es una forma de esclavitud", añadió. Sobre el escenario lo acompañaron otros tres integrantes de la organización y el secretario general de la OEA, Luis Almagro.

El informe también fue remitido al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y a otros foros internacionales, así como a las decenas de países -56 en el momento en que se completó la investigación- que reciben a los médicos cubanos y otros profesionales como parte de programas de cooperación firmados con La Habana. "La CPI está iniciando el análisis" de la denuncia, señaló Larrondo,
A lo largo de 350 páginas, el informe detalla los numerosos abusos que padecen los profesionales cubanos, que fueron documentados a partir de 46 casos analizados y verificados mediante entrevistas personales y extensos cuestionarios que son mantenidos "en absoluta reserva", según explicó Larrondo, por el riesgo que representa para los médicos y sus familias. De esos casos y varias decenas más de testimonios públicos surge un cuadro de situación dramático, al que Almagro calificó como un "sistema de esclavitud" operado por el régimen cubano.
Así, según los responsables de la investigación un 56% de las misiones no son voluntarias sino que los médicos, ingenieros, atletas o artistas enviados al exterior son forzados a participar, y una enorme mayoría de ellos, del 93%, dejaría de hacerlo si tuviera la posibilidad. Sin embargo, quienes abandonan el programa son considerados traidores al régimen y desertores.
Además, más del 40% no recibieron ningún tipo de contrato, 89% no sabe cuál será el destino antes de partir y casi 82% recibe adoctrinamiento ideológico previo a iniciar la misión. De los testimonios también se desprende que el 89% de los participantes indicó que son vigilados en su vida profesional y privada, controlados en las relaciones que entablan y limitados a estrechar lazos sólo con otras personas pertenecientes al programa.
Siempre según los testimonios obtenidos, al 76% de los consultados no se le permitió llevar consigo su título universitario, pero el 21% lo hizo de todos modos, a escondidas. Y en cuanto a la retribución por su trabajo, los profesionales sólo reciben entre el 10% y el 25% del pago que recibe el gobierno cubano por los servicios que prestan. "Es un sistema que crea presos y esclavos, hay que investigarlo y hay que liberarlos", enfatizó Larrondo.
Carlos Rojas, miembro del Congreso de Diputados de España y también integrante de Cuban Prisoners Defenders, señaló a su vez que debe haber algún castigo para quienes desde el Estado cubano perpetran estos crímenes. "La comunidad internacional no puede permanecer indiferente a esta forma moderna de esclavitud", dijo. La declaración universal de los derechos humanos, los convenios internacionales de protección de los derechos de trabajadores migrantes y sobre derechos sociales, económicos y culturales, entre otros acuerdos, son sistemáticamente violados por esta operación del régimen castrista, según los responsables de la investigación.
Según Almagro, no sólo se trata de un sistema montado para financiar al régimen mediante el uso de mano de obra esclavizada sino el programa de misiones de profesionales enviados al exterior sirve además a los objetivos políticos internacionales de La Habana.
"Mucho escuchamos de las famosas misiones internacionales del gobierno de La Habana, donde bajo una supuesta solidaridad revolucionaria Cuba envía médicos a países amigos. El trabajo de este personal tiene una búsqueda de un efecto político", dijo el secretario general de la OEA. Las misiones son, sostuvo, "una herramienta de la diplomacia cubana para acercarse a otros países, creando la ilusión de normalidad y solidaridad y evitar de ese modo cualquier discusión sobre derechos humanos".
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