La proliferación de armas, disparos y asaltos expone un deterioro de la seguridad en Cuba, donde el Estado mantiene un estricto control formal sobre el armamento pero no logra impedir que pistolas y revólveres lleguen a manos de civiles ni proteger a la población de una violencia cada vez más frecuente.
La dimensión del problema quedó reflejada en agosto de 2026: Cubalex documentó 314 hechos de violencia e inseguridad durante ese mes, entre ellos 52 homicidios, además de robos y asaltos cometidos con armas blancas y armas de fuego.
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Los episodios ya no se limitan a zonas consideradas conflictivas. Los reportes ciudadanos y el monitoreo independiente incluyen asaltos a mano armada, robos violentos en viviendas y tiroteos, como el ocurrido recientemente en Matanzas, que terminó en un feminicidio.
El aumento de las denuncias contrasta con la ausencia de cifras oficiales sobre delitos cometidos con armas de fuego. Las autoridades cubanas, sin embargo, han reconocido el incremento de la actividad delictiva y la presencia de pistolas y revólveres entre la población civil, un fenómeno que durante años fue negado o minimizado.
Penas de hasta cinco años por la tenencia no autorizada
El Código Penal vigente, establecido por la Ley 151/2022, castiga la tenencia, portación y tráfico ilegal de armas de fuego. Su artículo 276 fija penas de dos a cinco años de prisión por la posesión no autorizada, con sanciones más altas según el tipo de armamento y la conducta atribuida al infractor.
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La normativa también agrava las condenas para delitos en los que se emplee fuego real. Pero la dureza legal no ha impedido el aumento de los hechos violentos ni ha establecido mecanismos eficaces para prevenirlos.
Los juristas Maylin Fernández y Edel González sostuvieron que la gravedad del problema excede el castigo penal: “El problema no radica únicamente en la severidad de las sanciones que establece el Código Penal, sino en la eficacia de las políticas de prevención, la investigación de los delitos y la protección de las víctimas. Un Estado puede imponer penas rigurosas y, al mismo tiempo, fracasar en su obligación de prevenir la violencia”.
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La respuesta institucional requeriría controles sobre la circulación ilegal de armamento, investigaciones transparentes y rendición de cuentas. Esas condiciones no están presentes, mientras la actividad policial se concentra en la persecución de la disidencia, el monitoreo de activistas y la represión de protestas sociales.
Inventarios estatales, tráfico informal y armas modificadas
La circulación de pistolas en una isla históricamente sometida a control estatal sobre las armas plantea interrogantes sobre su origen. Los análisis citados apuntan a filtraciones vinculadas con corrupción interna en inventarios de las Fuerzas Armadas Revolucionarias y del Ministerio del Interior, además del tráfico informal y la modificación casera de armas de fogueo.
Fernández y González advirtieron que “la seguridad pública no debe medirse por la capacidad de vigilar a la población, sino por la protección efectiva que las instituciones ofrecen a todas las personas. Esa es una obligación jurídica ineludible del Estado”.
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La pérdida de legitimidad de las instituciones y el éxodo de agentes del orden han profundizado el desamparo en zonas residenciales. Mientras se destinan recursos a vigilar y contener la protesta, la protección frente a robos, asaltos y ataques armados se vuelve más limitada.
El crecimiento de la criminalidad ocurre en un escenario de hiperinflación, escasez generalizada y deterioro del tejido social. La población queda expuesta a una doble vulnerabilidad: bajo vigilancia estatal para restringir libertades y sin protección efectiva ante hechos violentos en los que el uso de armas de fuego dejó de ser excepcional.
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