Gobierno de Guatemala reconoce que la crisis por El Niño carece de precedentes en 76 años y afecta a 570.000 familias y daña 300.000 hectáreas

La ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Guatemala, María Fernanda Rivera, informó ante la Comisión de Finanzas del Congreso que el fenómeno de El Niño ya afecta a 570.000 familias y dañó unas 300.000 hectáreas de cultivos, de las cuales 260.000 corresponden a maíz. La funcionaria sostuvo que la crisis de 2026-2027 no tiene antecedentes comparables en los 76 años de registros climáticos analizados y pidió recursos para ampliar la respuesta estatal.

El punto más crítico de la sequía se espera entre diciembre de 2026 y enero de 2027. La emergencia ya supera la capacidad exclusiva del ministerio porque también tiene consecuencias sobre la inseguridad alimentaria, la energía y la migración.

Rivera explicó que los episodios de El Niño se volvieron más frecuentes por efecto del cambio climático. Los eventos más intensos que identificó ocurrieron en 1957-1958, 1982-1983, 1997-1998, 2015-2016 y el actual ciclo de 2026-2027.

“Antes eran cada más o menos quince años el promedio y ahora está cada 6,3”, precisó la ministra. Proyectó que durante la próxima década habrá al menos tres fenómenos de esta clase, uno de ellos de gran intensidad.

Una emergencia con impacto multisectorial

La respuesta estatal se activó el 2 de septiembre, cuando el MAGA pidió el apoyo de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres. El Consejo de CONRED aprobó el sistema conjunto el 11 de septiembre y declaró la alerta naranja, bajo la cual funciona el Centro de Operaciones de Emergencia Nacional.

Las familias con cultivos afectados reciben asistencia mediante los seis programas regulares del ministerio, que continuaron operando durante la emergencia. La reserva estratégica de alimentos cuenta con 17.000 unidades y aguarda una segunda entrega acordada desde febrero o marzo.

Esa entrega incluirá 250.000 raciones de reserva y 102.272 raciones del Programa de Insumos para la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Los recursos proceden de 100 millones de quetzales adicionales aportados por el Ministerio de Economía.

La ministra señaló que la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos cambió en febrero de 2026 su método de medición de temperaturas en la región 3.4 del Pacífico. El nuevo sistema, denominado RONI, mide la temperatura entre los 20 grados norte y los 20 grados sur.

Rivera atribuyó las dificultades de proyección a la falta de sensores en el océano Pacífico. “No hay suficientes sensores en el Pacífico”, afirmó al explicar por qué no es posible anticipar con mayor precisión la cantidad de familias damnificadas ni la dimensión definitiva de las pérdidas.

La funcionaria comparó el cálculo de los daños con la medición de un terremoto durante su desarrollo: “No se puede saber cuánto va a ser el daño y cuánto van a ser las personas o las familias damnificadas sino hasta que termina de temblar”. Definió a la sequía como una emergencia de “tracto lento”, que se extiende durante meses, a diferencia de catástrofes que se contabilizan en días.

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el Programa Mundial de Alimentos y Oxfam tampoco lograron establecer cifras tempranas de población afectada, según Rivera. Oxfam había proyectado que la crisis alcanzaría a 900.000 familias en Centroamérica, una estimación que, de acuerdo con la ministra, Guatemala superó por sí sola, mientras El Salvador y Honduras emitieron alertas sin informar números.

El reclamo de recursos y las críticas en el Congreso

El MAGA solicitará 566,175 millones de quetzales adicionales para reforzar sus seis programas en 2027. Rivera vinculó el pedido con la coincidencia de cinco anomalías agroclimáticas y con la posibilidad de que El Niño se intensifique si la temperatura del Pacífico supera los 2 °C, aunque aclaró que la NOAA todavía no dispone de proyecciones sobre ese escenario.

La ministra advirtió que los fenómenos de El Niño suelen abarcar más de un año, mientras los presupuestos guatemaltecos cierran el 31 de diciembre. Esa situación demora la habilitación de convenios en los primeros meses del año siguiente, por lo que pidió evaluar junto al Ministerio de Finanzas Públicas un mecanismo de fondos ejecutables de forma interanual.

Como antecedente, citó el ciclo de 2015 y 2016, que atravesó dos cierres presupuestarios consecutivos. La afectación de entonces fue diez veces menor que la actual, indicó Rivera.

La diputada Laura Marroquín cuestionó que Guatemala no haya declarado una emergencia nacional por sequía, como sí hizo El Salvador. “Yo creo que como Congreso nos hemos quedado muy cortos”, sostuvo, al pedir que el dictamen presupuestario de 2027 incluya recursos tanto para el MAGA como para el Ministerio de Salud ante un posible aumento de casos de desnutrición.

Marroquín también reclamó que CONRED participe en las audiencias de la comisión. El organismo coordina los convenios interinstitucionales para enfrentar la crisis y solicitó 3.000 millones de quetzales adicionales.

La legisladora advirtió que el momento más grave de la emergencia coincidirá con la campaña electoral. Según planteó, esa circunstancia podría desplazar el debate hacia el desgaste político del Ejecutivo en lugar de concentrarlo en la atención de la población afectada.

Los fondos sin ejecutar y la defensa de la ministra

Una diputada cuestionó que en 2024 quedaran sin ejecutar 465 millones de quetzales y objetó la solicitud de 516,1 millones adicionales para 2027. Rivera respondió que seis proyectos de riego, cercanos a los 70 millones de quetzales, no avanzaron porque las empresas contratistas no cumplieron los requisitos exigidos.

Esos proyectos serán retomados en 2026, aseguró la ministra. También defendió que la ejecución presupuestaria del MAGA superó el 89% en 2025, luego de asumir el cargo a mitad de año con apenas 12% del presupuesto ejecutado.

Rivera atribuyó la falta de ejecución de fondos extraordinarios del ejercicio anterior a la obligación de devolver más de 400 millones de quetzales al Ministerio de Finanzas Públicas, establecida en la ley presupuestaria vigente, correspondiente al decreto 36-2024. La audiencia terminó después de que una diputada afirmara que la ministra “no tiene el conocimiento” ni “una buena ejecución ni ninguna planificación”.