La Red Contra los Delitos Financieros (Financial Crimes Enforcement Network, FinCEN), que depende del Departamento del Tesoro, emitió un aviso el jueves para alertar sobre el riesgo creciente de que fondos procedentes de la corrupción política en Nicaragua puedan ingresar en su sistema financiero.
La advertencia se basa en que figuras políticas extranjeras de alto rango vinculadas con el régimen del presidente Daniel Ortega reaccionen como consecuencia del conflicto social, posibles sanciones u otros factores, movilizando activos de las cuentas que tienen en Nicaragua u otros sitios con destino a EEUU. Es probable que esos fondos provengan del dinero de la corrupción.
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Por ese motivo, la FinCEN solicita a las instituciones financieras que presenten Partes de Actividades Sospechosas, en cumplimiento de sus obligaciones bajo la Ley de Secreto Bancario, cuando identifiquen el posible uso indebido de fondos públicos nicaragüenses.
"Durante años el presidente de Nicaragua Daniel Ortega ha celebrado elecciones fraudulentas, reprimido a la sociedad civil y los medios de comunicación independientes, y robado dinero de las arcas públicas", aseguró Sigal Mandelker, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera.
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Y agregó: "La comunidad financiera internacional debe estar alerta para impedir que el sistema sea explotado por agentes de este régimen corrupto".
Por su parte, el director de FinCEN, Kenneth A. Blanco, aseguró que es una posibilidad que diversas personas y empresas asociadas o vinculadas con el régimen de Ortega podrían intentar sacar de Nicaragua activos vinculados con la corrupción.
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El Tesoro estadounidense ya tomó medidas contra funcionarios nicaragüenses implicados en casos de corrupción y violaciones de derechos humanos. Hasta el momento, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha designado a cuatro funcionarios de alto rango de acuerdo a la Ley Magnitsky sobre Rendición de Cuentas Global en Derechos Humanos, que habilita al Tesoro a tomar acciones en todo el mundo contra funcionarios corruptos, responsables de violaciones de derechos humanos y aquellos que los ayudan.
En este proceso, la OFAC ha subrayado el papel de estos funcionarios en actos corruptos y violentos, que incluyen su participación en violaciones de derechos humanos, la acumulación ilegal de un inmenso patrimonio personal, el robo de grandes cantidades de dinero pertenecientes a proyectos municipales y la explotación de fondos públicos para uso personal de líderes nicaragüenses.
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