Avanza en Chile un proyecto de ley que busca tipificar como delito el ingreso ilegal al país

Por 24 votos a favor y 20 en contra, el Senado aprobó en general este martes en su segundo trámite constitucional el proyecto que modifica la Ley 21.325 de Migración y Extranjería, y tipifica el delito de ingreso clandestino al territorio nacional, acordando como plazo para ingresar indicaciones el mediodía del jueves 28 de mayo próximo.

“Quisiera destacar que este es un proyecto que sin duda constituye una herramienta para enfrentar la emergencia en materia de migración irregular que hemos vivido en los últimos años en nuestro país (...) Esta iniciativa sin duda incorpora un carácter disuasivo y tiene como finalidad la prevención”, señaló el ministro del Interior, Claudio Alvarado.

La iniciativa establece que quienes no cumplan con la normativa arriesgan un castigo de presidio menor en su grado mínimo (61 a 540 días), además de una multa que va desde los $350.00 (USD 391) a $705.000 (USD 780).

Asimismo, aumenta la pena a presidio menor en su grado medio a máximo (entre 541 días y 5 años) a quienes entren al país por pasos no habilitados teniendo una prohibición vigente de ingreso.

Además, contempla la expulsión del extranjero una vez cumplida la sanción, excluyendo de esta medida a niños, niñas y adolescentes, así como a sus cuidadores.

Rerserva de constitucionalidad

El debate fue intenso y estuvo marcado por las críticas de la oposición, desde donde advirtieron que la ley puede terminar en una “sobrecarga operativa para la Policía de Investigaciones (PDI) y las FF.AA.”, amén de acarrear “problemas de constitucionalidad y debido proceso, contraviniendo estándares internacionales de derechos humanos”.

“Lo que hace en el fondo es que las personas que han ingresado clandestinamente a nuestro país se queden en nuestro país. Y al menos nosotros, desde el comité unido de la oposición, queremos que las personas que entraron de manera ilegal salgan del país”, señaló la senadora Yasna Provoste (DC), quien anunció reserva de constitucionalidad, acto formal que funciona como una alerta previa para reservar el derecho a impugnar dicha norma ante el Tribunal Constitucional (TC),

Por su parte, su par Pedro Araya (PPD), declaró que “transformar una infracción administrativa en delito no fortalece al Estado, al contrario, lo debilita porque desordena el sistema jurídico, tensiona principios básicos de la dogmática penal y genera una ilusión de control que no resiste análisis técnico ni evidencia empírica”.

“Es ineficaz para el objetivo que se propone”, agregó el parlamentario.

Desde el oficialismo, en tanto, retrucaron que el proyecto se apega al derecho internacional, puesto que incluye normas explícitas para menores de edad y solicitudes de refugio, y negaron que la norma vaya a generar un colapso en el sistema judicial y penitenciario, pues establece mecanismos alternativos que evitan la judicialización.

“No estamos legislando para los cientos de miles de migrantes en situación irregular, sino que para disuadir”, aclararon desde la derecha, e hicieron un llamado a “legislar y mejorar este proyecto”.

Por último, el ministro Alvarado anunció indicaciones “que permitan mejorar la arquitectura de este proyecto”, por lo que el proyecto continuará ahora su trámite legislativo en la Cámara de Diputadas y Diputados.

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