Los arrestos en Nicaragua a las personas que protestan contra el presidente Daniel Ortega muestran "la desesperación orteguista", en su momento de menor popularidad, afirmó la exguerrillera y exministra de Salud, Dora María Téllez.
"Sigue la desesperación orteguista por parar la movilización cívica. Hoy, antimotines de la policía orteguista atacaron de manera violenta el plantón azul y blanco que se realizaba", dijo Téllez en sus redes sociales, al denunciar el "secuestro" de al menos 4 manifestantes en el municipio de Telica, al noroeste de Nicaragua.
Antes de dicho ataque, los manifestantes autoconvocados de Nicaragua habían denunciado más de 20 capturas en las ciudades de Managua y Estelí, así como agresiones en Jinotega, en las últimas 24 horas, perpetrados por policías y paramilitares.
Incidentes como estos han reducido la popularidad de Ortega a cerca del 30 por ciento, similar a los niveles que tenía tras las elecciones de 1990, que perdió.
Entre las personas capturadas destacó Miriam Socorro Matus, conocida como "La Coquito", una anciana de casi 80 años de edad, que en julio pasado pidió al Gobierno el cese de las muertes en las protestas de Nicaragua.
"La cobardía desesperada de la familia Ortega Murillo a la vista con el secuestro de doña Coquito", se quejó Téllez, hoy disidente del oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
"La Coquito" fue llevada esta mañana a la cárcel de El Chipote, pero fue liberada horas después, según confirmó ella misma, quien volvió a pedir al Gobierno el cese de la represión, esta vez entre lágrimas.
El viernes pasado la Policía local calificó de "ilegales" las manifestaciones contra Ortega, lo que fue criticado por organismos defensores de derechos humanos, que recordaron que la Constitución de Nicaragua establece que las protestas son legítimas y no necesitan permiso de las autoridades.
Dichas organizaciones, al igual que Téllez, califican los arrestos de manifestantes como "secuestros" y a los detenidos como "presos políticos", ya que son llevados a la cárcel sin haber cometido delitos ni tener deudas judiciales.
La oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) ha responsabilizado al Gobierno de Ortega por "más de 300 muertos", así como por ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros, violencia sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Ortega niega ser responsable de dichos señalamientos, y considera que es víctima de un intento de "golpe de Estado".
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, iniciaron por unas fallidas reformas de la seguridad social, para convertirse en una exigencia de renuncia del mandatario, tras el saldo letal de las manifestaciones.
Con información de EFE
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