El presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció que otorgará una amnistía plena a los opositores Carlos Mesa y Jorge Quiroga, en relación a los casos por los que se los enjuicia por supuesta corrupción relacionada con Quiborax y los petrocontratos, respectivamente.
La noticia impactó en el círculo político boliviano. El primer magistrado del país argumentó que ejecutaba la medida teniendo en cuenta que los dirigentes políticos no estaban procesados por delito de "lesa humanidad o genocidio".
"He tomado la decisión de que ningún ex presidente, salvo acusaciones de delito de lesa humanidad o genocidio, tengan procesos judiciales pendientes que entorpezcan las nuevas actividades internas y externas de defensa de nuestro derecho marítimo", dijo Morales, ocultando lo que para muchos es la verdadera razón detrás de la medida.
En su justificación dijo que no pedía "nada a cambio" por hacer lugar del artículo 172 de la Constitución Política del Estado. Sin embargo, sí habría algo como contraprestación. Ni más ni menos que una puesta en escena.
Para muchos, con su interferencia en el proceso judicial, Morales se coloca cada vez más cerca de otras dictaduras -como la de Cuba y Venezuela– al impedir la independencia de los otros poderes del Estado.
Detrás de la amnistía no existiría otra cosa más que una ratificación de un pacto secreto entre el Gobierno y la oposición encabezada por Mesa y Quiroga, "funcionales" a la marcha de La Paz. Al mantenerlos de su lado, Evo propone que se coloquen como punta de lanza junto al Estado en el reclamo de soberanía marítima que sostiene contra Chile en los tribunales de La Haya. Esa es la formalidad.
Sin embargo, de acuerdo con el ex ministro Carlos Sánchez Berzaín -exiliado político del régimen- detrás se encuentra la complicidad de ambas partes en el derrocamiento del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
"El pueblo boliviano está luchando para recuperar su libertad y democracia y terminar con el narcoestado que ha establecido y opera Evo Morales, pero la dictadura controla una oposición funcional y domesticada. La oposición funcional caerá con la dictadura. Dictadura y oposición siguen en Bolivia la misma ruta de Venezuela", indicó Sánchez Berzaín en diálogo con Infobae desde Miami, Florida, donde está radicado por sufrir persecución política en su país.
De acuerdo con el ex funcionario, la alianza oculta entre Morales, Mesa y Quiroga se remonta a 2003 cuando los tres conspiraron para derrocar a Sánchez de Lozada, de cuyo gobierno Mesa era su vicepresidente. El MAS -partido político del líder opositor por entonces- dio al sucesor todo el apoyo que le había negado al derrocado mandatario, confirmando el complot.
Sánchez Berzaín enumera ciertos puntos comunes entre los jefes dirigenciales a lo largo de los últimos 15 años: "falsificación de reforma constitucional del 2004" y "Constitución del estado plurinacional", entre otros hechos.
"Morales, Quiroga y Mesa presentaron a los bolivianos la Constitución del estado plurinacional como 'de unidad nacional' y la promocionaron para el referéndum de 2009 que el régimen ganó con fraude mientras los pueblos, dirigentes cívicos, políticos y gobernadores de 6 de los 9 departamentos eran masacrados, perseguidos, encarcelados y exiliados", narró el ex ministro.
Sánchez Berzaín –actual presidente del Instituto Interamericano para la Democracia- denunció que "la amnistía de Morales a Mesa y Quiroga es complicidad, y un recurso más para consolidar la dictadura en Bolivia y perpetuar indefinidamente en el poder a Morales, con pretexto de reivindicación marítima".
Y concluyó: "Morales está manipulado el tema de la reivindicación marítima y la demanda en La Haya para desconocer la decisión del pueblo boliviano del 21 de febrero de 2016 que impide su reelección. Es una maniobra más para desconocer el 21F en el que Bolivia dijo no. La demanda marítima contra Chile es una repetición del manido recurso de todos los dictadores que en la historia de Bolivia siempre la han usado para sostenerse en el poder aprovechando el uniforme sentimiento nacional por recuperar un acceso soberano al Océano Pacífico".
El caso Quiborax se inició en 2005, cuando el flamante gobierno de Morales denunció a otros ex presidentes por otorgar contratos a empresas petroleras sin la autorización del Congreso boliviano.
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