El litigio entre Thomas Greg & Sons y el exmagistrado del Consejo Nacional Electoral, Luis Guillermo Pérez, llegará en los próximos días a una audiencia ante un juez de control de garantías. La empresa pretende ser reconocida como víctima dentro de una indagación vinculada con las denuncias de presunto fraude electoral formuladas por Pérez.
A través de su apoderado, Mauricio Pava, la compañía sostiene que los señalamientos del exfuncionario habrían afectado su reputación y busca que la justicia determine si existieron conductas punibles. La defensa mencionó los delitos de perturbación del certamen democrático y hostigamiento, que atribuye a Pérez; esas afirmaciones deberán ser valoradas por las autoridades competentes.
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La audiencia definirá si la empresa puede intervenir como víctima
La diligencia está prevista en los primeros días de noviembre de 2026 y tendrá como propósito resolver la solicitud de postulación directa presentada por la firma. Si el juzgado admite su condición de víctima, Thomas Greg & Sons podrá intervenir formalmente en las actuaciones que se adelanten contra el exmagistrado.
Durante la audiencia, las partes expondrán los elementos con los que sustentan sus posiciones. El análisis judicial deberá establecer si hay bases para avanzar en la indagación o si corresponde cerrar el asunto, sin que esta etapa implique una definición anticipada sobre responsabilidades.
Pava afirmó que el debate debe desarrollarse dentro de los límites de la ley. “La libertad de expresión y el control ciudadano son pilares de la democracia, pero no pueden convertirse en instrumentos para atribuir delitos sin pruebas o poner en riesgo la confianza en el sistema electoral”, señaló.
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El argumento de la defensa se fundmenta en que Thomas Greg & Sons fue afectada de manera directa por las afirmaciones del exmagistrado sobre el proceso electoral. Por esa razón, solicitará que el despacho reconozca a la empresa como parte perjudicada en el expediente.
“Acudimos a la justicia para que se esclarezcan los hechos, se establezcan las responsabilidades a que haya lugar y se garanticen los derechos de Thomas Greg & Sons como víctima de estas conductas”, sostuvo el defensor.
Fuentes del proceso indicaron que la diligencia será una audiencia de postulación directa. La decisión sobre el reconocimiento de la compañía como víctima corresponderá al juez de control de garantías.
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La empresa afirmó ante la Fiscalía General de la Nación que el exmagistrado conocía el funcionamiento del sistema y que, aun así, generó dudas sobre el software: “El denunciado, conociendo esta realidad, tergiversó el funcionamiento normal del software de la Registraduría para crear zozobra”.
El efecto de las publicaciones del exmagistrado según Thomas Greg & Sons
Los mensajes cuestionados fueron publicados entre el 21 y 22 de junio de 2026, durante el preconteo de la segunda vuelta presidencial y el posterior escrutinio oficial a cargo del Consejo Nacional Electoral (CNE). Pérez sostuvo en redes sociales que existían irregularidades en los formularios E-14 y en el funcionamiento del software electoral.
Thomas Greg & Sons aseguró que esas acusaciones surgieron de interpretaciones erróneas sobre la digitalización de los formularios, un procedimiento habitual del proceso electoral. La compañía indicó que el exmagistrado difundió más de 20 publicaciones sobre presuntas anomalías, pidió detener el escrutinio nacional, solicitó excluir mesas de votación y cuestionó la legitimidad de los resultados de la segunda vuelta.
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La denuncia solicita investigar la posible comisión de perturbación de certamen democrático, hostigamiento, injuria, calumnia y falsedad documental, además de cualquier otra conducta punible que pueda establecerse durante la investigación. La firma calificó los mensajes como una “campaña sistemática, dolosa y premeditada de desinformación” destinada a desacreditar el escrutinio presidencial.
Las publicaciones también habrían tenido efectos sobre quienes trabajaron en la logística electoral. La empresa aseguró que algunos empleados sufrieron agresiones e intimidaciones, una situación que obligó a reforzar las medidas de seguridad en determinados centros de acopio durante la jornada.
La multinacional colombiana afirmó que los mensajes la presentaron como parte de un supuesto entramado político dirigido a alterar los resultados electorales. Esa asociación, según su planteamiento, perjudicó su imagen y la confianza ciudadana en las entidades encargadas de garantizar las elecciones.
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