El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) de Brasil planteó como objetivo la venta parcial o total de las distribuidoras de gas en siete estados del país afectados por una crisis fiscal, según reportó el lunes la cadena O Globo.
De esta manera, el gobierno del presidente Michel Temer espera aumentar las inversiones en la compañías, expandir la red de gasoductos para llegar a nuevos clientes y recaudar recursos en distritos que atraviesan una grave situación fiscal.
Se trata de los estados de Pernambuco, Espírito Santo, Río Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Paraíba y Río Grande do Norte, los cuales esperan realizar las subastas de su participación accionaria en el tercer trimestre de 2018.
En Brasil sólo dos estados tienen distribuidoras de gas privadas. Se trata de CEg y Ceg-Rio en Río de Janeiro; y Comgás y Gas Natural Fenosa en San Pablo.
Las restantes 22 distribuidoras tienen control estatal, en la mayor parte con un 51% de las acciones.
Según especialistas consultados por O Globo, la entrada de nuevos inversores privados podría ayudar a expandir y masificar el consumo de gas natural en Brasil, que se encuentra en un nivel muy limitado de desarrollo.
Actualmente, las redes de gas llegan a apenas 440 de los 5.570 municipios brasileños, según datos de la Asociación Brasileña de Empresas Distribuidoras de Gas Canalizado. Mientras que sólo tres millones de residencias cuentan con el servicio, de un universo de 68 millones de hogares que dependen de bombonas de gas o leña para cocinar y calentarse.
Más allá de los intentos de mejorar el servicio, el anuncio resalta una fuerte retirada del sector de la estatal Petrobras, aquejada en los últimos tiempos por un masivo escándalo de corrupción.
En 2016, Petrobras vendió el 90% de su red de gasoductos en el sureste del país a la canadiense Brookfield y busca hacer lo mismo con sus activos en el noreste.
El año anterior había vendido el 49% de su filial de gas natural, Gaspetro, a la japonesas Mitsui.
Mediante estas políticas de privatización y aumento de las inversiones privadas, el gobierno espera poder duplicar la producción de gas para el 2030.
Sus opositores lo acusan, en cambio, de aprovechar la negligencia estatal en el manejo de las distribuidoras de gas para liquidar el patrimonio de Petrobras, según reportó el periódico radical Esquerda Diário.
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