El 5 de abril de 1992 el gobierno de Alberto Fujimori, en Perú, disolvió el parlamento con el respaldo de las Fuerzas Armadas y desencadenó un golpe de Estado que lo mantuvo en el poder hasta el año 2000, el antecedente más reciente en la región del avance de los poderes Ejecutivo y Judicial sobre el legislativo como estaría ocurriendo en Venezuela tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, de asumir las competencias de la Asamblea Nacional.
Fujimori había llegado democráticamente a la presidencia del Perú en 1990, cuando obtuvo un triunfo contundente sobre el premio Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, pero no logró constituir una mayoría fuerte en el Parlamento.
Enfrentado a la guerrilla de Sendero Luminoso, Fujimori pidió poderes especiales al Congreso, pero el poder legislativo se los negó y la Cámara de Senadores incluso comenzó a investigar sus presuntas violaciones de derechos humanos.
Citando la "actitud irresponsable y negativa de los parlamentarios que pretenden maniatar al jefe de Estado", según consigna El Mundo, Fujimori disolvió el Congreso de la República, apoyado tanto por las Fuerzas Armadas como por su popularidad frente a los peruanos.
"Tal es el caso de la promulgación de la Ley N° 25397, denominada Ley de Control Parlamentario sobre los actos normativos del Presidente de la República que pretende maniatar a éste, recortándole atribuciones elementales para gobernar", dijo el mandatario en el discurso en el que justificó su medida.
En el "Fujimorazo" no sólo se disolvió el Parlamento, sino que también se intervino la justicia, el Consejo Nacional de la Magistratura, la Contraloría General y el Tribunal de Garantías Constitucionales, según recuerda El Comercio. También se ejerció una fuerte presión sobre los medios comunicación.
El presidente lideró entonces el autodenominado "Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional" bajo el silencio de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que no se pronunció ni movilizó para activar la Carta Democrática.
El Congreso continuó reuniéndose en secreto hasta que en 1993 fue reformado en una sola cámara y en el marco de la nueva Constitución impulsada por Fujimori.
El golpe de Bordaberry
Más extremo, en 1973 el entonces presidente constitucional de Uruguay, Juan María Bordaberry, dio un golpe Estado con apoyo del Ejército y disolvió también el Parlamento mediante el decreto N° 464/973.
"La acción delictiva de la conspiración contra la Patria, coaligada con la complacencia de grupos políticos sin sentido nacional, se halla inserta en las propias instituciones, para así presentarse encubierta como una actividad formalmente legal", justificó en ese momento antes de reemplazar el Congreso con un Consejo de Estado designado por él mismo.
Pero no se quedó allí: suprimió las libertades civiles, desbandó las organizaciones sociales y disolvió a los partidos políticos, "sin cabida en el Uruguay del futuro", según un comunicado de las Fuerzas Armadas sobre el mandatario.
Para 1976 los militares que lo habían apoyado y que habían ocupado diversas áreas del gobierno consideraron que su planteo era impracticable y decidieron destituirlo, poniendo fin a su gobierno de tres años, según destaca El País.
LEA MÁS:
Últimas Noticias
PT y Verde estiran la liga, adelantan voto contra la reforma electoral de Sheinbaum
Los legisladores Pedro Vázquez González y Ricardo Astudillo señalaron que sus partidos no respaldarán el dictamen mientras no se garanticen mejores condiciones de pluralidad
Sube la nafta pese al traslado gradual del alza del petróleo a surtidores: qué se espera para las próximas semanas
El litro de la de mayor octanaje ya supera los $2.000, mientras que la super tiene un precio equivalente a 1,25 dólares. Las empresas buscan suavizar el impacto de la guerra con Irán. Las perspectivas de una entidad especializada en energía
Vuelven las pick-up con cabina simple al mercado automotor: cuáles son los modelos disponibles y cuánto cuestan
Ante una mayor oferta de SUV importados, las automotrices amplían las versiones de camionetas de trabajo que habían quedado algo relegadas frente a las de mayor equipamiento y confort
Ley de Semillas: un punto clave del acuerdo comercial con Estados Unidos reabre una grieta en el campo
El Gobierno busca actualizar una norma vigente desde 1973 y acercar la legislación argentina a estándares internacionales. La iniciativa reabre una disputa histórica entre empresas semilleras y productores por el uso propio de las semillas
