Honduras: empresarios y trabajadores definen reajuste salarial

En medio de presiones por el costo de vida y la necesidad de preservar empleos, trabajadores y gobierno en Honduras lograron un acuerdo clave que redefine el salario mínimo para los próximos dos años, con incrementos diferenciados según el tamaño de las empresas y pagos retroactivos que impactarán directamente en los ingresos de miles de trabajadores desde inicios de 2026.

Tanto el Gobierno, la empresa privada y las organizaciones de trabajadores fijan una nueva ruta para el salario mínimo durante 2026 y 2027, tras un proceso de negociación marcado por diferencias en las propuestas iniciales. Finalmente, las partes optaron por un esquema escalonado que toma en cuenta el tamaño de las empresas como criterio principal para definir los incrementos.

En términos prácticos, las micro y pequeñas empresas —con plantillas de hasta 50 empleados— aplicarán un ajuste del 6 % en ambos años. Para las empresas medianas, que agrupan entre 51 y 150 trabajadores, el aumento será del 7 % de forma sostenida.

En el caso de las compañías con mayor número de empleados, el incremento se mantendrá en 7 % durante 2026, pero subirá a 7.5 % en 2027, consolidando así el mayor porcentaje dentro del acuerdo.

Cuestionan aumentos

Desde el sector microempresarial de la zona norte, Víctor Vaquedano, representante de la Confederación Unitaria de Trabajadores, cuestionó con dureza los porcentajes acordados y sostuvo: “Son una burla al pueblo hondureño” y, en particular, a la micro, pequeña y mediana empresa, al considerar que el alza no responde a la realidad de los costos ni a la capacidad de sostener operaciones sin afectar empleo e inversión.

El nuevo esquema reconoce que no todas las unidades productivas enfrentan la misma capacidad financiera. Mientras las micro y pequeñas empresas suelen operar con márgenes más estrechos y mayor vulnerabilidad ante alzas de costos, las medianas y grandes concentran más empleo formal y tienen mayor posibilidad de absorber aumentos.

Uno de los aspectos más relevantes del pacto es su carácter retroactivo. Los nuevos salarios deberán aplicarse desde el 1 de enero de 2026, por lo que las empresas tendrán que ajustar los pagos correspondientes a los primeros meses del año. Para facilitar este proceso, se autorizó que la diferencia acumulada entre enero y abril sea cancelada de manera diferida, con fecha límite establecida para finales de julio.

Las autoridades también precisaron que esta medida no excluye a ningún tipo de trabajador, por lo que incluye tanto a personal permanente como a empleados temporales que estén dentro de las categorías contempladas. Además, el ajuste será obligatorio en las 11 actividades económicas incluidas en el acuerdo, manteniendo la cobertura amplia del salario mínimo en el país.

Expectativas a medias

Desde el punto de vista económico, el incremento supera la inflación registrada el año anterior, lo que, según el Gobierno, permitirá una leve recuperación del poder adquisitivo. Sin embargo, representantes del sector laboral reconocen que el resultado no cubre completamente las expectativas iniciales, aunque valoran que se haya logrado un entendimiento que evita tensiones mayores y protege los puestos de trabajo en un entorno económico todavía incierto.

Para la aplicación práctica, el ajuste debe reflejarse en las planillas desde enero de 2026, recalculando salario base y, cuando corresponda, valores asociados como horas extra, recargos y prestaciones vinculadas al salario.

El pago diferido de la diferencia acumulada entre enero y abril busca dar liquidez a las empresas, pero exige controles internos claros: comprobantes de pago, comunicación al trabajador y correcciones en boletas, para evitar reclamos posteriores. La autoridad laboral puede verificar el cumplimiento mediante inspecciones y atención de denuncias, especialmente en sectores con alta rotación o contratación temporal.

En cuanto a sus efectos, un aumento por encima de la inflación puede traducirse en mayor consumo de los hogares y alivio en gastos básicos, aunque también incrementa costos laborales para los empleadores y puede presionar precios si no viene acompañado de mejoras de productividad.

En ese sentido, especialistas suelen recomendar que las empresas planifiquen el ajuste (presupuestos, escalas internas y revisión de procesos) y que los trabajadores verifiquen su categoría y actividad económica para confirmar que el incremento aplicado sea el correcto. La clave será sostener el empleo formal y reducir la evasión, de modo que el beneficio llegue realmente a quienes dependen del salario mínimo.