
Joe Biden va bastante en serio con su cruzada por dar un trato digno a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. A solo 18 días de que asumió la presidencia de ese país, ya ha echado a andar varias acciones enfocadas en esa causa. Una de ellas, retomar un mayor control del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus siglas en inglés), detalle que se verá reflejado esta misma semana en un freno drástico a los arrestos y deportaciones.
De acuerdo documentos citados por el diario estadounidense The Washington Post, dicha agencia se está preparando para emitir nuevas pautas a los agentes en los próximos días. Y aunque subrayan que los nuevos planes de operación para ICE no son definitivos, las instrucciones provisionales apuntan a un cambio relevante en la directriz de la agencia.
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Por ejemplo, una de las nuevas indicaciones que más ruido ha causado, los agentes ya no tendrán como prioridad la deportación de inmigrantes con registro de delitos que no son considerados de gravedad, como conducir bajo la influencia de alguna sustancia o agresiones. En cambio, estarán enfocados en aquellos que realmente signifiquen una fuerte amenaza a la seguridad nacional.
“En general, estas condenas no incluirían delitos relacionados con las drogas (delitos menos graves), agresión simple, DUI (conducir en estado de ebriedad), lavado de dinero, delitos contra la propiedad, fraude, delitos fiscales, solicitación o cargos sin condena”, citó el diario lo dicho por el director interino de ICE, Tae Johnson, a los altos funcionarios en un correo electrónico con fecha del 4 de febrero, en el que buscó explicarles cómo operar mientras se finalizan las nuevas pautas.
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La intención del gobierno de Biden hacia la agencia es clara: renovar sus objetivos, a fin de que no quede rastro del legado de Donald Trump, administración durante la cual ICE tuvo una amplia libertad de actuación, mientras que el republicano o hacía más que llenarlos de elogio e invitarlos a deportar inmigrantes indocumentados por “millones”.
Enseguida se anunciaron las medidas provisionales, hubo voces inconformes dentro de ICE que se pronunciaron al respecto. Principalmente, reprochando que los cambios propuestos privarán de discreción a los agentes y limitarán severamente su capacidad para arrestar y deportar (a quienes consideren) criminales.
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Una de los señalamientos que rechazan es el que se refiere a que los agentes que busquen arrestar a fugitivos fuera de las prisiones van a necesitar la aprobación previa del director de ICE en Washington, para lo que requerirán explicar por qué su decisión constituye una asignación adecuada de recursos limitados.
“Han abolido ICE sin abolir ICE”, cita el Washington Post a un funcionario no autorizado para hablar con los medios. “La oscilación del péndulo es tan extrema. Literalmente, se siente como si hubiéramos pasado de la capacidad de hacer cumplir plenamente nuestras leyes de inmigración a que ahora no se nos haya dicho que no hagamos nada“.
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Cabe señalar que Joe Biden, quien desde su campaña electoral dijo tener remordimiento por el alto número de deportaciones bajo la presidencia de Barack Obama, se comprometió reformar el ICE, aclarando que no buscaba eliminarlo.
Los funcionarios de inmigración y aduanas sostuvieron que cualquier persona indocumentada en los Estados Unidos seguirá siendo arrestada, incluidos los que cometieron delitos y fueron liberados antes de que se emitieran las nuevas indicaciones. “La comisión de un delito agravado es la prueba más concluyente de una amenaza a la seguridad pública”, señaló la portavoz de ICE, Jenny Burke, en un comunicado. “ICE conserva su discreción ilimitada para evaluar cualquier conducta al definir una amenaza a la seguridad pública”.
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Según explicó Johnson a sus agentes, el memorando emitido desde el Departamento de Seguridad (DHS, siglas en inglés), los inmigrantes únicamente deben ser considerados como amenazas a la seguridad pública si tienen un historial de comportamiento violento, afiliaciones a pandillas bien documentadas o condenas por delitos graves agravados. Tales delitos incluirían asesinato, violación, abuso infantil y faltas graves relacionadas con las drogas.
Con Donald Trump los agentes de ICE señalaron como delincuentes a la mayoría de los deportados. Sin embargo, al revisar cada uno de los casos, había quienes tenían como delito cargos pendientes por conducir bajo los efectos del alcohol, infracciones de tránsito e infracciones de inmigración, como el reingreso ilegal al país.
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Por su parte –señala el WP– John Sandweg, un director interino de ICE durante la administración Obama, dijo que la guía preliminar era un buen paso para mejorar la imagen pública de la agencia y la calidad de su trabajo. “Nadie juzga al FBI por el número de arrestos que hacen, lo juzgan por la calidad de los arrestos”, dijo Sandweg. Medir el desempeño de ICE de acuerdo con el número de arrestos y deportaciones, como hizo Trump, “no es una receta para una buena aplicación de la ley... Es una receta para mejorar las estadísticas con la fruta madura del sistema de aplicación de la ley”.
Ronald Vitiello, un director interino de ICE, durante el gobierno de Trump, se pronunció de manera contraria, al señalar que exigir a los agentes que soliciten la autorización del director de ICE para arrestar a inmigrantes “reducirá drásticamente la aplicación de la ley”. Además, advirtió que la aprobación de las acciones de ejecución en Washington DC, solo demuestra que las oficinas de ICE y DHS desde esa ciudad, no tienen confianza en los agentes fronterizos.
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En tanto, los funcionarios de la nueva administración insistieron en que de ninguna manera se estaba abandonando la aplicación de la ley de inmigración, que la seguridad nacional y sus amenazas continuarán como prioridad de la Casa Blanca, solo que, paralelamente, buscarán evitar la deportación de aquellos que no cumplan con sus criterios más selectivos (menos graves).
Los correos en los que basa su reporte el Washington Post también arrojan que los funcionarios de migración esperan que se emita una guía más permanente en los próximos días, misma que estaría pendiente de aprobación por parte del recién nombrado secretario del Departamento de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas.
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