La Corte Penal Internacional ordenó al fiscal Karim Khan apartarse del caso sobre Venezuela por posible conflicto de intereses

Karim Khan, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional, ha recibido la orden de la corte de retirarse de la investigación sobre presuntos crímenes de lesa humanidad en Venezuela debido a un conflicto de intereses en el caso.

Khan, un abogado británico que se encuentra de baja en la CPI debido a una investigación no relacionada, ha dirigido desde 2021 la investigación de la CPI en Venezuela, donde Nicolás Maduro está acusado de detener arbitrariamente, torturar y ejecutar a sus oponentes políticos.

Los jueces de apelación de la CPI dictaminaron el viernes que habían encontrado “motivos para creer que existe una causa de recusación” a la luz de la estrecha relación familiar de Khan con un miembro del equipo legal que defiende al Gobierno venezolano ante la CPI.

El Washington Post informó por primera vez sobre las denuncias de conflicto de intereses en septiembre, cuando defensores de los derechos humanos venezolanos instaron a la CPI a acelerar su investigación sobre Maduro. Algunos críticos expresaron su preocupación por el hecho de que la cuñada de Khan, la abogada penalista internacional Venkateswari Alagendra, se hubiera unido al equipo que defiende al Gobierno venezolano ante la CPI.

Dos días después de la publicación del artículo del Post, la Fundación Arcadia, una organización sin fines de lucro con sede en Washington dedicada a la promoción de los derechos humanos y la democracia, presentó una solicitud formal a la CPI para que Khan se recusara de la investigación. El grupo, citando la información del Post, afirmó que existía un “claro conflicto de intereses”.

La sala de apelaciones del tribunal desestimó inicialmente la denuncia, pero en febrero reanudó la revisión. Khan, en los documentos presentados ante el tribunal, negó las acusaciones de conflicto de intereses con su cuñada. Afirmó que no había discutido ninguna información confidencial con Alagendra y que no recordaba ninguna conversación con ella sobre hechos públicos relacionados con el caso. También afirmó que no participó en ninguna reunión a la que asistiera Alagendra en Venezuela.

El viernes, los jueces de apelación escribieron que “a la luz de la estrecha relación familiar del fiscal con la Sra. Alagendra, junto con su anterior relación profesional y jerárquica, un observador imparcial y razonable... percibiría razonablemente un sesgo”. Los jueces ordenaron a Khan que solicitara ser excluido del caso de Venezuela en un plazo de tres semanas.

Khan, que lleva destinado en La Haya desde 2021, dimitió repentinamente en mayo tras las acusaciones de conducta sexual inapropiada. Informó a la CPI de que se tomaría una excedencia hasta que concluyera la investigación sobre su conducta personal. El anuncio se produjo mientras el fiscal jefe llevaba a cabo procesos por crímenes de guerra contra los líderes de Israel y Rusia.

La CPI, que es el único tribunal internacional permanente que puede juzgar a personas acusadas de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, abrió formalmente una investigación contra Venezuela en 2021, tras una solicitud presentada en 2018 por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú. El caso de Venezuela es actualmente la única investigación abierta de la CPI en América Latina.

Cuando Alagendra compareció ante el tribunal en representación del equipo de Maduro a finales de 2023, según declaró a The Post en septiembre, nadie se opuso a su papel. Su equipo presentó un recurso legal contra la investigación, afirmó. Khan “se opuso enérgicamente” y “por desgracia, perdimos”.

“La composición del equipo legal que representó a Venezuela en el proceso en el que la Fiscalía defendió con éxito su derecho a ejercer su jurisdicción en esta situación es de dominio público”, afirmó la oficina de Khan en una declaración a The Post el año pasado. “Entendemos que ninguna de las partes del proceso planteó ninguna objeción en ese momento”.

El código de conducta de la fiscalía exige a sus miembros que se abstengan de cualquier conflicto que pueda surgir por “interés personal en el caso, incluyendo relaciones conyugales, parentales u otras relaciones familiares cercanas, personales o profesionales con cualquiera de las partes”.

En la solicitud inicial de recusación, la Fundación Arcadia sostuvo que la relación familiar entre el fiscal y una figura clave de la defensa de Maduro “crea una apariencia innegable de impropiedad y una percepción razonable de parcialidad”.

“La integridad e imparcialidad del fiscal, un pilar central de la justicia en la CPI, han quedado comprometidas, lo que exige una acción correctiva inmediata”, escribió la fundación.

El viernes, la Fundación calificó la decisión de la cámara de apelaciones como una “victoria histórica en la búsqueda de transparencia e imparcialidad en la Corte Penal Internacional”.

“Esta decisión no solo representa un hito clave para Venezuela”, escribió la fundación, “sino también un precedente crucial que refuerza la justicia internacional”.

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