La justicia de Venezuela otorgó la libertad plena a la jueza María Lourdes Afiuni, según comunicó su familia este viernes, tras más de 15 años de proceso judicial y restricciones en uno de los episodios más controvertidos del sistema judicial venezolano.
“Importante, en la tarde de hoy mi padre recibió en manos de un funcionario la notificación de libertad plena y cierre total del caso contra la jueza María Laura Afiuni. Ella, junto con mi madre, están en la clínica y me dirijo a casa de mis padres para obtener la notificación y publicarla”, dijo el hermano de la jueza, Nelson Afiuni, en su cuenta de X.
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La decisión, según el comunicado familiar, puso fin de manera definitiva al expediente y restituyó la libertad de la magistrada, cuya situación estuvo atravesada por detenciones, medidas sustitutivas y limitaciones a sus derechos durante más de una década.
María Lourdes Afiuni fue detenida en diciembre de 2009 tras conceder la libertad bajo fianza a un banquero y se convirtió en un símbolo de las represalias dentro del sistema judicial en Venezuela.
En ese momento, el entonces presidente Hugo Chávez pidió públicamente la condena máxima de 30 años de prisión y acusó a la magistrada de facilitar la fuga del empresario, que abandonó el país tras su liberación.
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Afiuni permaneció en prisión dos años y, posteriormente, fue trasladada a arresto domiciliario por problemas de salud. Esa situación se prolongó hasta 2013, cuando obtuvo libertad condicional.
Desde entonces, su vida quedó marcada por restricciones: no podía salir de la ciudad ni comunicarse con la prensa o en redes sociales; estaba impedida de votar, obtener pasaporte y ejercer derechos políticos. En 2019, la justicia le impuso una condena de cinco años por “corrupción espiritual”, cargo que, según la propia fiscalía, no implicó ningún beneficio económico para la jueza.
La familia de Afiuni y su defensa legal, encabezada por su hermano Nelson Afiuni y la abogada Thelma Fernández, comunicaron que la resolución cerró “un largo y doloroso capítulo”, marcado, según su versión, por graves violaciones a los derechos humanos y al debido proceso.
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El caso de Afiuni fue señalado internacionalmente como muestra de la falta de separación de poderes y del uso del sistema judicial como mecanismo de represalia. La ONU calificó el procedimiento como arbitrario y denunció reiteradas violaciones al debido proceso.
La familia aseguró que la clausura definitiva del expediente no logró reparar el sufrimiento ni los daños ocasionados durante más de una década de restricciones y persecución.
A la situación judicial se sumó en los últimos días la preocupación por la salud de Afiuni. Sus familiares informaron que la jueza padece tres lesiones tumorales en distintas partes del cuerpo y requiere atención médica inmediata. Esta condición motivó la petición de cierre definitivo del caso, presentada la víspera por la familia ante las autoridades venezolanas.
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En el comunicado, los allegados de Afiuni agradecieron a quienes acompañaron la causa durante los años de proceso y destacaron la firmeza de quienes apoyaron la restitución de la independencia judicial.
Además, expresaron que la noticia se recibió como el fin de una etapa signada por el aislamiento, la vigilancia constante y la imposibilidad de ejercer derechos básicos.
(Con información de AFP y EFE)
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