Trabajadores de PDVSA exigen auditorías, pagos pendientes y el fin de la persecución

Organizaciones y trabajadores de Petróleos de Venezuela (PDVSA) exigieron auditorías, el pago de deudas laborales y la restitución de derechos en una comunicación dirigida a Héctor Andrés Obregón Pérez presidente de la estatal y a la Junta Directiva de la empresa. Los firmantes fijaron una “postura innegociable de peso legal, técnico y político” denunciando corrupción, opacidad, mala gestión y desvalijamiento de la industria petrolera. En el documento al que tuvo acceso Infobae, cuestionaron los contratos petroleros con Estados Unidos en violación de la Constitución de Venezuela.

La comunicación está suscrita por Eduardo José Yaguaracuto Amaricua, del Bloque Patriótico Petrolero; Félix Martínez y Luis Martínez, del Comité de Defensa Legal, Laboral y Social de los Trabajadores; Frank Aguilera, del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora; José Bodas Lugo, de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros (FUTPV), Corriente C-Cura; Carlos Coicuto, del Bloque Patriótico Petrolero, Corriente de Trabajadores Primero de Mayo; y Humberto Rondón, del Bloque Histórico Popular, Comunes. También figuran trabajadores activos y jubilados de PDVSA y de Aceites Diana, entre otros.

Los firmantes invocan, en el extenso documento, al que tuvo acceso Infobae, el artículo 303 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) para defender el carácter de PDVSA como patrimonio del pueblo venezolano, que describen como «inalienable e imprescriptible».

El reclamo alcanza a la directiva de PDVSA, al Poder Ejecutivo Nacional, al PSUV, al CICPC, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y a los tribunales de la República. Los suscriptores denuncian una “deliberada omisión e inacción” ante las denuncias presentadas desde el 24 de septiembre de 2024 y mencionan el expediente BP-1-P-2022-6742.

Según la comunicación, diversas investigaciones y auditorías independientes estiman en más de 100 mil millones de dólares las pérdidas por corrupción, sobrefacturación y malversación en PDVSA durante los últimos 20 años, desde la gestión de Rafael Ramírez hasta la actualidad.

A esas pérdidas, los firmantes añaden la presunta desaparición de más de dos mil millones de dólares del Fondo de Pensiones (APJ-PDV). También denuncian un robo continuado de hidrocarburos que ocurre “cada segundo y supera los 18 mil millones de dólares”.

Los representantes aseguran que el sustento técnico de sus denuncias consta en el expediente del CICPC BP-1-P-2022-6742, relacionado con el Proyecto de Control de Mermas y Pérdidas de PDVSA.

Salarios y empresas paralizadas

En materia laboral, las organizaciones invocan los artículos 25, 87, 89, 115 y 139 de la Constitución, así como los artículos 18 y 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, para exigir la protección de los derechos de los trabajadores.

“Ninguna reestructuración o acuerdo corporativo podrá desconocer o congelar las tablas salariales y primas adquiridas”, advierten. Defienden la vigencia de la Convención Colectiva Petrolera y los pasivos de contratistas, con énfasis en las cláusulas socioeconómicas, la vivienda, la restitución integral del salario y el sistema de salud Sicoprosa.

Los firmantes reclaman el pago inmediato de los pasivos laborales y las prestaciones sociales que se adeudan a trabajadores de contratistas de PDVSA. Entre las empresas mencionadas figuran 2PTO Constructora C.A., Maritime C.A Contracto de Venezuela, Global Energy, Constructora HP y Chevron.

También solicitan el reconocimiento formal de la relación laboral entre PDVSA y los trabajadores de PDVSA Gas Comunal. A la vez, piden reactivar las empresas cuya paralización atribuyen a la burocracia de la estatal, entre ellas la Empresa Nacional de Tubos, S.A. (ENATUB), filial de PDVSA Industrial. Señalan como paralizadas o desvalijadas la Planta Coronel Atanasio Girardot, en Valencia; la Planta Batalla de San Félix, en Bolívar; y la Planta ENATUB, en Anzoátegui. El reclamo incluye a Tuberías Helicoidales, C.A. (TUBHELCA).

Sostienen que estas instalaciones son estratégicas para producir acueductos, oleoductos, poliductos, gasoductos y tubos de perforación. Denuncian el abandono estatal y empresarial y mencionan, además, a Aceites Diana y Vidrios Venezolanos Extra C.A. (VIVEX) entre las empresas cuya recuperación consideran necesaria.

Democracia y persecución

La comunicación exige una auditoría forense y el esclarecimiento de la situación del Fondo de Pensiones (APJ-PDV). Aseveran que que la retención o el desvío de esos recursos vulnera la Constitución y genera responsabilidad penal, civil y administrativa para sus administradores.

Bajo la consigna de “democracia sindical”, reclaman elecciones inmediatas en la Federación Unitaria de Trabajadores de Petróleo, del Gas, sus Similares y Derivados de Venezuela (FUTPV). Argumentan que la directiva, encabezada por Wills Rangel, tiene el mandato vencido.

En el apartado sobre soberanía contractual, los firmantes cuestionan los acuerdos con corporaciones transnacionales que se ejecuten sin participación de los trabajadores. A su juicio, “todo contrato, alianza estratégica o licencia de operaciones» suscrito al margen de la clase trabajadora carece de legalidad jurídica y paz social”.

Las organizaciones exigen el cese de la persecución y la liberación de los trabajadores petroleros que fueron detenidos “por denunciar la corrupción”. Solicitan una reparación integral para sus familias y el reenganche inmediato de los “más de 2.000 trabajadores despedidos injustificadamente”.

Responsabilidad social

Ante lo que califican como inoperancia institucional, invocan los artículos 130, 326 y 333 de la CRBV. Basados en ellos asumen, en corresponsabilidad con la seguridad de la nación, el deber de defender la soberanía energética y restablecer la vigencia de la Constitución.

Reclaman el cumplimiento del Compromiso de Responsabilidad Social (CRS), porque interpretando la Constitución y de la Ley de Contrataciones Públicas, toda empresa contratista, mixta o transnacional que ejecute obras con PDVSA, está obligada a realizar ese aporte.

Los suscriptores anuncian que constituirán Comités de Control Obrero y Fiscalización Directa, amparados en la CRBV y la Ley Orgánica de Contraloría Social. Su objetivo es auditar las finanzas del Fondo de Pensiones y de la FUTPV, así como la seguridad industrial y el cumplimiento contractual en “refinerías, campos y portones”.

Para los firmantes, defender la Convención Colectiva Petrolera es el punto de partida para exigir el cumplimiento de los demás contratos colectivos de empresas públicas y privadas, como única garantía para reactivar el aparato económico y productivo.

Comisión paritaria

Como propuesta final, solicitan una comisión mixta y paritaria, a la que piden otorgar rango constitucional vinculante. Estaría integrada por representantes legítimos de los trabajadores de base, activos y jubilados, los movimientos populares y la Junta Directiva de PDVSA.

La comisión tendría a su cargo un programa de auditoría social de los procesos denunciados; un plan de pago del Fondo de Pensiones y de restitución de los intereses adeudados; y la ejecución del Fondo de Responsabilidad Social en comunidades, salud y escuelas.

La agenda propuesta incluye garantizar el suministro de gasolina, diésel para el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y gas doméstico, así como la soberanía alimentaria. También el reenganche de los más de dos mil despedidos y la liberación de los trabajadores judicializados.