
La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) afirmó que la muerte de Carmen Navas, madre de Víctor Quero, preso político fallecido bajo custodia estatal, pone en evidencia la dura situación de los detenidos por razones políticas. La CEV instó a la liberación de estos presos para recuperar la convivencia y la paz ciudadanas.
En un comunicado difundido en Instagram, la CEV expresó: “Reiteramos hoy nuestro llamado a la plena liberación de los presos políticos. Este es un camino imprescindible para restituir la convivencia y la paz ciudadanas que tanto anhelamos los venezolanos”.
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La Iglesia Católica venezolana lamentó la muerte de Navas, quien durante meses buscó información sobre su hijo y enfrentó el dolor por su fallecimiento.
El organismo eclesiástico sostuvo que este caso expone ante la sociedad la difícil situación de los privados de libertad por motivos políticos, así como el sufrimiento de sus familias debido a la falta de respuestas de las autoridades.
El domingo, sectores de la oposición y periodistas venezolanos informaron sobre el fallecimiento de Carmen Teresa Navas, madre de Víctor Quero Navas. La muerte de Quero, ocurrida el año pasado bajo custodia estatal, fue reconocida por el Gobierno tras meses de denuncias por su desaparición.
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Durante una misa en la Iglesia de la Candelaria de Caracas el pasado viernes, a la que concurrieron más de 200 personas, Navas manifestó que fue la fortaleza recibida la que le permitió buscar a su hijo “hasta el final”.
El partido político Vente Venezuela, encabezado por María Corina Machado, denunció que Navas fue víctima de la “crueldad más pura del régimen” y exigió justicia para ella, su hijo y todas las familias afectadas.
El Ministerio del Servicio Penitenciario confirmó la muerte de Quero Navas el 7 de mayo, luego de 16 meses de denuncias de su madre.
Según la información oficial, Quero estuvo recluido en El Rodeo I desde enero de 2025 y fue trasladado a un hospital en julio, tras presentar “hemorragia digestiva superior y síndrome febril agudo”.
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El comunicado señala que falleció casi diez días después por “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”.
Diversas ONG, partidos y activistas criticaron que el Estado informara sobre el deceso diez meses después.
La Fiscalía, dirigida por Larry Davoe, anunció una investigación respaldada por el Parlamento, aunque organizaciones exigen que sea independiente y cuente con apoyo internacional.
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