
Los gobiernos de Venezuela y Estados Unidos celebraron a finales de abril la “remoción segura” de 13,5 kilos de uranio enriquecido, que se encontraban en un reactor en desuso ubicado en el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC).
“En una victoria para los Estados Unidos, Venezuela y el mundo, la Administración Nacional de Seguridad Nuclear del Departamento de Energía de los EE.UU. (DOE/NNSA), en colaboración con socios internacionales, completó la retirada de todo el uranio enriquecido restante de un reactor de investigación heredado en Venezuela”, destacó un boletín publicado por la embajada norteamericana en Caracas.
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Sin embargo, un grupo de profesores del IVIC, encabezado por el investigador Eduardo Greaves, considera que el gobierno de Delcy Rodríguez tomó una decisión “inconveniente y desacertada”, que atenta contra “la formación del personal venezolano idóneo que pueda manejar reactores de energía nuclear en el futuro”.
“Este combustible nuclear por sus características especiales -enriquecimiento de 20%, forma geométrica de láminas en vez de barras- es un material que tiene un valor monetario muy alto y de difícil adquisición, pero tiene aún mayor valor desde el punto de vista de constituir un elemento esencial, si se decide reactivar el reactor, ya sea con sus características originales o como un reactor subcrítico con fines docentes, de investigación y aplicación”, señalan los expertos a través de un comunicado.
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¿Por qué?
Al anunciar la noticia, la administración de Rodríguez apuntó que el Reactor Experimental RV-1 finalizó su ciclo operativo en 1991. Seis años después, junto con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), “se decidió su clausura definitiva, iniciándose operaciones de retirada parcial del combustible nuclear gastado y de custodia técnica del material restante”.
“El material que no fue extraído durante las operaciones realizadas a finales de la década de 1990 permaneció desde entonces bajo condiciones seguras de enfriamiento, control y almacenamiento, a la espera de que los actores internacionales responsables de su origen, recepción y salvaguardias adoptaran las medidas correspondientes”, indicó Caracas.
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Venezuela justificó la “urgencia de ejecutar” esta operación que el país “venía solicitando desde hacía largo tiempo” por el ataque militar perpetrado por Estados Unidos el 3 de enero, que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
Según Miraflores, las bombas norteamericanas lanzadas sobre el IVIC cayeron “a escasos 50 metros del antiguo reactor”, lo que “incrementó objetivamente el nivel de riesgo”.
Oportunidad perdida
Pese a lo expuesto por el gobierno de Rodríguez, profesores del IVIC estiman que lo correcto habría sido “reactivar el reactor como un instrumento docente para potenciar la investigación de la ciencia nuclear aplicada, y formación de personal venezolano en el área de física e ingeniería nuclear”.
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Los académicos recuerdan que la Universidad Nacional de las Ciencias tiene previsto “la creación de carreras a nivel de pre y posgrado en física nuclear”, al tiempo que la Universidad Simón Bolívar está en proceso de lanzar una maestría en Ingeniería Nuclear, “programa para el cual se ha solicitado financiamiento a la OIEA para el bienio 2028-2029”.
El profesor Greaves resalta que además del valioso combustible, “se llevaron el núcleo del reactor de manera de cercenar cualquier intento de ponerlo en funcionamiento”.
“El acto de la exportación de las barras de uranio fue un duro golpe al futuro de las ciencias nucleares venezolanas, y nuestros futuros técnicos e ingenieros nucleares”, lamenta el científico.
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