Murió bajo custodia el preso político José Manuel García Sabino y reaviva los reclamos de justicia en Venezuela

Otro preso político venezolano falleció bajo custodia del Estado, confirmó este domingo la organización no gubernamental Foro Penal, lo que constituye el segundo caso documentado en menos de una semana y eleva a 20 el total de personas detenidas por motivos políticos que han muerto en cárceles de Venezuela desde 2014. El cuerpo del ex concejal José Manuel García Sabino fue hallado por funcionarios dentro de los calabozos de la Policía Municipal de Anaco, estado Anzoátegui, a unos 400 kilómetros de Caracas.

Hasta el momento, las autoridades policiales y el Ministerio Público no han proporcionado información oficial sobre las causas del fallecimiento. Según la coordinadora regional de Foro Penal, el cuerpo fue trasladado al Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses en Barcelona, municipio Simón Bolívar del mismo estado, con el objetivo de determinar oficialmente la causa de muerte, procedimiento cuyo resultado no ha sido comunicado.

García Sabino había denunciado hechos de corrupción en la alcaldía de Anaco, según declaró el exfiscal Zair Mundaray, quien se encuentra en el exilio. Mundaray calificó la detención del exconcejal como “claramente política”. La organización Foro Penal indicó que no existen reportes oficiales sobre el motivo de la detención o el estado de salud previo de García Sabino antes de su fallecimiento.

Este caso se produce tan solo dos días después de que las autoridades venezolanas admitieran la muerte de Víctor Hugo Quero Navas, otro preso político cuyo deceso ocurrió nueve meses antes y fue mantenido en secreto. Quero Navas, de 51 años, fue detenido arbitrariamente entre el 1 y el 3 de enero de 2025, sin orden judicial, de acuerdo con testimonios de su familia y activistas. Su madre, Carmen Navas, de 82 años, realizó gestiones en varios centros de reclusión —incluidos El Helicoide, Rodeo I y II y sedes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar— sin recibir confirmación sobre su paradero. Pese a que las autoridades continuaron simulando trámites judiciales, la realidad era distinta.

Víctor Hugo Quero falleció el 24 de julio de 2025 en el Hospital Militar Dr. Carlos Arvelo, según la información oficial difundida en mayo de 2026 por el Ministerio de Servicios Penitenciarios, que atribuyó la causa a una “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”. Sin embargo, activistas señalaron que Quero fue internado inicialmente por hemorragia digestiva y fiebre, condiciones que podrían estar vinculadas a las circunstancias de su reclusión. Tres días después de su muerte, Quero fue enterrado en el Cementerio Jardín La Puerta sin que su familia fuera notificada. La justificación oficial fue que el interno “no suministró datos sobre vínculos familiares”. En octubre de 2025, la Defensoría del Pueblo aún emitía documentos asegurando que Quero seguía privado de libertad. No fue sino hasta el 7 de mayo de 2026 cuando las autoridades permitieron a su madre identificar el lugar de enterramiento y procedieron a una exhumación bajo supervisión de la Fiscalía y acompañamiento de Foro Penal.

Tanto Foro Penal como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos han condenado públicamente el trato recibido por los detenidos y sus familiares, señalando la falta de atención médica oportuna y el ocultamiento deliberado de la muerte como graves violaciones a los derechos humanos. Ambos casos ilustran la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos en Venezuela, donde, según el último conteo de Foro Penal al cierre de abril, permanecen 454 presos políticos.

Luego de la captura del ex dcitador Nicolás Maduro en enero de este año por fuerzas estadounidenses y la asunción de Delcy Rodríguez como presidenta interina. La jefa de Estado encargada impulsó una ley de amnistía para la liberación de presos políticos, pero el proceso se desarrolló sin transparencia: durante varias semanas no se informó de manera detallada quiénes fueron beneficiados, y los registros de liberaciones elaborados por organizaciones no gubernamentales no coinciden con los escasos datos oficiales disponibles. Las instituciones estatales responsables de estos reportes continúan bajo control de sectores vinculados al chavismo, lo que dificulta la verificación independiente de la situación de los detenidos y de los fallecimientos ocurridos bajo custodia del Estado.