
La ONG Foro Penal informó el sábado su balance de presos políticos que aún están encarceladas y crifró en 457 personas bajo custodia estatal por motivos políticos, de las cuales 42 son extranjeras o tienen doble nacionalidad.
La organización que solicitó en varias ocasiones la liberación de todas las personas aprehendidas ilegalmente por el régimen venezolano señaló que se mantiene vigente la Ley de Amnistía, aunque limitada a ciertos delitos y periodos de tiempo específicos.
Foro Penal indicó que hubo una excarcelación reciente y que la organización recibió cuatro nuevos reportes de detención. Del total, 414 son hombres y 43 mujeres, entre ellos un adolescente. La organización contabiliza 270 presos políticos civiles y 187 militares.
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De acuerdo con el informe, 164 personas ya fueron condenadas, mientras que 293 permanecen sin una sentencia firme. La organización, que envía estos datos a la Organización de los Estados Americanos (OEA) y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, aseguró que desde 2014 se produjeron 19.092 detenciones políticas en el país y que, además de los presos políticos, más de 11.000 personas siguen sujetas a medidas restrictivas de libertad.
En febrero se aprobó una ley de amnistía que abarca un periodo de 27 años, desde 1999, pero solo contempla personas vinculadas con 13 hechos ocurridos en 13 años, lo que excluye otros periodos y casos relacionados con operaciones militares, corrupción y homicidio.
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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó el sábado que dispone de información sobre jueces que habrían cobrado por tramitar la amnistía y exigió que se tomen medidas contra ellos. En marzo, familiares de presos políticos denunciaron pagos en dólares en algunos tribunales para recibir la notificación que concede la libertad plena a sus allegados.
Rodríguez aseguró que más de 9.000 personas fueron amnistiadas. Sin embargo, Foro Penal denunció que la aplicación de la Ley de Amnistía “se ha convertido en un embudo para ralentizar o paralizar la libertad de muchos”.
El viernes, la líder opositora y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, exigió la liberación de todos los presos políticos “antes de que mueran más”, tras condenar el fallecimiento bajo custodia estatal de Víctor Hugo Quero Navas, deceso reconocido oficialmente por el Gobierno esta semana después de meses de búsqueda por parte de su madre.
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Por este caso que conmocionó a todo Venezuela, Alfredo Romero, quien acompañó las gestiones de Carmen Navas ante los tribunales, afirmó que el caso del preso político fallecido “es la constatación clara de la desaparición forzosa y de los crímenes de lesa humanidad que se cometen en Venezuela”.
En su comunicado, el Ministerio de Servicio Penitenciario señaló que Quero Navas “no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal”. Romero consideró esa declaración como “una bofetada que le dan al pueblo venezolano, a los defensores de Derechos Humanos y a los familiares de presos políticos”.
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El activista recordó que los detenidos bajo estas condiciones “no tenían contacto con el exterior por mucho tiempo y es el Estado el responsable de conseguir al familiar”. Añadió: “Es un insulto a la madre, que me consta que llevaba más de un año buscando a su hijo, preguntaba en la cárcel de Rodeo I —donde según las autoridades estuvo recluido— y allí le decían que no sabían nada”.
(Con información de EFE)
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