Un tribunal de Caracas especializado en terrorismo absolvió este lunes al periodista venezolano Julio Balza, integrante del equipo de prensa de la líder opositora María Corina Machado, según informó el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).
El sindicato, a través de una publicación en X, indicó que Balza enfrentaba cargos como “cómplice no necesario en delito de conspiración”.
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La organización explicó a la agencia de noticias EFE que el tribunal tomó esta decisión de forma independiente a la solicitud de amnistía presentada por la defensa del periodista.
Balza fue arrestado el 9 de enero de 2025, un día antes de la toma de posesión presidencial del ex dictador Nicolás Maduro, quien asumió el cargo tras una controvertida victoria anunciada por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
El SNTP denunció en ese momento que “funcionarios no identificados” detuvieron al periodista en el municipio Chacao, en Caracas, luego de una protesta opositora liderada por Machado, en respaldo al triunfo reclamado de Edmundo González Urrutia en las elecciones presidenciales de julio de 2024.
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El 19 de enero, Balza fue liberado junto a otros 18 periodistas como parte de un proceso de excarcelaciones implementado por el Gobierno de Delcy Rodríguez, en el contexto de conversaciones con Estados Unidos tras la captura de Maduro por fuerzas estadounidenses.
Este lunes, el SNTP también denunció que un tribunal rechazó la solicitud de amnistía presentada por el periodista Rory Branker, quien estuvo detenido cerca de un año y fue liberado en enero.
En la red X, el sindicato comunicó que Branker solicitó el beneficio conforme a la Ley de Amnistía promulgada en febrero, pero el tribunal le informó que “no procede” el sobreseimiento ni la anulación de su causa.
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“La decisión mantiene abierto el proceso penal en su contra y confirma que su excarcelación no significó el fin de la persecución”, manifestó el sindicato.
La Ley de Amnistía abarca un período de 27 años, desde 1999 –inicio del chavismo en el poder–, pero limita sus beneficios a personas relacionadas con 13 “hechos” ocurridos en 13 años distintos, lo que deja fuera el resto del período y excluye casos vinculados con operaciones militares, corrupción, homicidio y violaciones de derechos humanos.
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