Dirigentes sindicales y estudiantiles han convocado una gran protesta laboral para este jueves en Caracas, con el objetivo de exigir ante el Parlamento el aumento del salario mínimo y de las pensiones, congeladas desde 2022 y actualmente equivalentes a apenas 30 centavos de dólar al mes, según informó la agencia de noticias EFE.
La movilización reúne a sindicatos y gremios educativos que reclaman, además del incremento de salarios y pensiones, la dignificación de las becas estudiantiles. Los convocantes denuncian el deterioro del poder adquisitivo y buscan presionar al Gobierno nacional ante una grave crisis de ingresos y servicios, con demandas específicas por parte de trabajadores y estudiantes afectados por la falta de ajustes salariales.
La convocatoria fue anunciada este martes por representantes de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (UCV), el Sindicato de Trabajadores de la UCV y portavoces estudiantiles.
José Gregorio Afonso, presidente de la Asociación de Profesores de la UCV, llamó a los universitarios a protestar con “espíritu pacífico y combativo” y a “reivindicar” los derechos laborales en todo el país.
El recorrido partirá desde la sede de la Defensoría del Pueblo, en el oeste de la capital, y culminará en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional controlada por el oficialismo.
Exigencias de sindicatos y estudiantes ante la crisis salarial
Entre las demandas centrales, los organizadores reclaman un aumento de salarios, la actualización de las pensiones y la dignificación de las becas estudiantiles. Señalan que la escala de remuneraciones en la administración pública permanece sin cambios desde hace cuatro años, lo que afecta a miles de trabajadores y pensionistas.
Eduardo Sánchez, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la UCV, adelantó que entregarán a la Asamblea Nacional un documento con las exigencias gremiales. Subrayó ante los medios: “Esta es una movilización del salario y de las becas, para proteger las prestaciones sociales”, según declaraciones recogidas por organizaciones estudiantiles.
Por su parte, Octavio González, representante estudiantil ante el Consejo Universitario, remarcó la urgencia de que las becas tengan un valor adecuado y permitan cubrir al menos las necesidades básicas de los estudiantes.
Rechazo a la política de bonificaciones del Gobierno
Los organizadores expresaron también su rechazo a la política de bonificaciones implementada por el Gobierno, basada en pagos complementarios no incorporados al salario. Afonso calificó de “absolutamente inaceptable” este sistema, al considerar que no repercute en beneficios ni prestaciones sociales para los empleados públicos.
Actualmente, la política oficial contempla dos bonificaciones: una para alimentación de USD 40 y otra denominada “ingreso de guerra económica” de USD 120, depositadas en bolívares a la tasa oficial, sumando un total de USD 160. Sin embargo, estos conceptos no forman parte del salario mínimo ni afectan el cálculo de prestaciones.
Participación del magisterio y denuncias sobre infraestructura educativa
La protesta cuenta con el respaldo de varios gremios, entre ellos las ocho federaciones del magisterio, que han convocado a todos sus miembros a sumarse a la marcha. Los docentes también exigen la restitución de beneficios laborales suspendidos y denuncian el “deterioro” de la infraestructura escolar.
Los sindicatos subrayan que la crisis no solo afecta los ingresos, sino también el funcionamiento cotidiano de escuelas y universidades, lo que añade presión al Gobierno ante la inminente movilización.
El salario mínimo venezolano permanece sin ajuste desde marzo de 2022, cuando equivalía a unos 30 dólares. Actualmente, por efecto de la devaluación, ese monto se reduce a solo 30 centavos de dólar al mes. Esto agudiza la precariedad entre trabajadores y estudiantes, consolidando el escenario de protesta nacional.
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