La lucha de una familia venezolana por encontrar a un oficial que desapareció hace más de siete años del Palacio de Miraflores

El caso del teniente coronel (Ej) Juan Antonio Hurtado Campos, revela que la desaparición forzada de militares en Venezuela sigue dejando profundas heridas y perturbadoras evidencias de crímenes de lesa humanidad. Su familia lleva ocho años de búsqueda y silencio institucional, y aunque su nombre apareció en una lista, publicada por el ministro de la Defensa, de 33 expulsados y degradados de la FANB en 2024, su familia sigue sin saber dónde está.

Juan Antonio Hurtado se encontraba de vacaciones durante el intento de magnicidio contra Nicolás Maduro durante la celebración del Día de la Guardia Nacional, conocido como el Caso Drones del 4 de agosto 2018, según relató su hermana Dora Hurtado a Infobae. Apenas unos meses antes, el oficial había regresado de una comisión que viajó a Rusia.

Al reincorporarse a su puesto en el Palacio de Miraflores el 4 de septiembre 2018, fue detenido por la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), y desde entonces su familia perdió todo contacto con él.

Su madre, Juana Campos, acudió al lugar de trabajo de Hurtado y solicitó hablar con el jefe directo de su hijo. Fue recibida por un hombre vestido de civil, quien se identificó como el coronel (Ej) Rubén Coronel quien le informó que no disponía de ninguna información sobre el paradero de Hurtado.

Ante la incertidumbre, la madre preguntó dónde podía obtener respuestas, pero le aconsejaron que no investigara en ninguna institución, pues la información era la misma en todas partes. A pesar de ello, la familia visitó el Ministerio Público, el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) y la Fiscalía General Militar, sin lograr obtener datos sobre el caso.

Amigos y familiares recorrieron varios centros penitenciarios, entre ellos El Helicoide, la cárcel militar de Ramo Verde y El Rodeo I, donde les confirmaron que Hurtado no estaba recluido en ninguna de esas instalaciones.

Recientemente, su hermana Dora Hurtado, logra obtener un número de expediente de la Unidad Receptora de Documentos (URD) donde los abogados y partes consignan los escritos que van para los tribunales: “Tribunal 36 de Control Solicitud, 10 de julio 2019, 1111-19 Nr. AP 02O219000063”, y fueron dirigidos al Palacio de Justicia, donde se les aseguró que no existía ningún documento relacionado con el caso.

La desaparición forzada de Hurtado se prolongó durante años, hasta que, en enero de 2024, el ministro de Defensa GJ (Ej) Vladimir Padrino López publicó la lista de 33 militares degradados y expulsados de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), en la cual, para sorpresa de la familia, figuraba en el número 7 el teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos.

Lo más insólito es que, a pesar del tiempo transcurrido, la familia sigue sin recibir prueba de vida del oficial, desconociendo su paradero y condiciones. “Desde ese enero tenemos fe que Juan Antonio está vivo y por ello alzamos la voz con la esperanza de la libertad plena de mi hermano y todos los presos políticos”, concluye Dora Hurtado, hermana del desaparecido.

El testimonio de Graterol

En el corazón del Palacio de Miraflores, una operación liderada por el entonces teniente coronel Alexander Enrique Granko Arteaga, jefe de la Dirección de Asuntos Especiales (DAE) de la DGCIM, culminó con la detención y desaparición del teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos.

Así lo ha dicho, varias veces, el sargento primero (Ej) Gustavo Enrique Graterol Torrealba, quien fue parte de la Guardia de Honor Presidencial (GHP) durante nueve años, integrando el equipo de seguridad de Nicolás Maduro.

Sostiene que fue testigo del arresto arbitrario del Tcnel. Hurtado Campos en el 2018. Revela que ese día, del 4 de septiembre 2018 se encontraba de servicio en el Palacio cuando irrumpió la comisión encabezada por Granko y se llevó a Hurtado. “Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada de él”, ha sostenido el sargento.

Su relato revela lazos estrechos que mantenía el especialista en armamento Hurtado Campos con el expolicía rebelde Óscar Alberto Pérez, quien fue asesinado, junto a su grupo más cercano, el 15 de enero 2018, en la llamada Masacre del Junquito, que ejecutaron funcionarios policiales y militares del régimen venezolano.

Según el sargento Graterol, quien egresa en el 2011 de la escuela de Tropas Profesionales de la Guardia Nacional Bolivariana, el oficial Hurtado tenía bajo su custodia un arsenal de más de 500 armas, entre fusiles, granadas, misiles y sistemas antidrones, y parte de ellas planeaba suministrarlas al piloto Pérez en un intento por desafiar al régimen de Nicolás Maduro, por lo que Graterol acepta unirse a los planes.

El plan habría contado con la colaboración del primer teniente José David Coronado, de la Guardia de Honor, quien actuaba como enlace entre Hurtado y Pérez. “Coronado era de confianza para ambos, pero una supuesta delación suya habría alertado a las autoridades, precipitando la operación”, revela Graterol.

Tras el incidente, Graterol solicita su traslado fuera de la Guardia de Honor Presidencial (GHP). Poco tiempo después, el 17 de junio de 2018, abandona discretamente el palacio presidencial para desertar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) y evitar ser vinculado con el desaparecido Hurtado Campo.

La ONU lo sabe

En julio de 2023, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), dirigida por Volker Türk, hizo público un informe en el que expresa su preocupación ante la falta de avances en las investigaciones sobre las presuntas desapariciones forzadas del teniente coronel Juan Antonio Hurtado Campos (2018) y de Hugo Henrique Marino Salas (2019).

Previamente, en el informe de julio de 2021, la entonces Alta Comisionada Michelle Bachelet ya había señalado la situación de Hurtado y Marino, destacando que permanecían en paradero desconocido.