La canasta alimentaria para una familia de cinco personas en Venezuela alcanzó los 730,59 dólares en abril, lo que representa un incremento del 5,5% respecto a marzo, según datos del Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros (Cendas-FVM).
Durante el último mes, una familia necesitó 38,27 dólares adicionales en comparación con marzo, cuando la canasta costaba 692,32 dólares, de acuerdo con la misma organización.
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El informe también señala que una familia destinó 13,33 dólares para adquirir agua potable, ya que el recurso suministrado por tubería en el país no cumple con los estándares básicos de potabilidad, según expertos y organizaciones no gubernamentales.
La Constitución venezolana reconoce el derecho de todo trabajador a recibir un salario “suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades básicas materiales, sociales e intelectuales”.
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No obstante, el Cendas reporta que el salario mínimo, que permanece congelado desde 2022 en 130 bolívares mensuales (actualmente equivalentes a 25 centavos de dólar), solo cubre el 0,03% de la canasta.
En años recientes, el Ejecutivo ha enfocado su política salarial en la entrega de dos bonos para empleados públicos, sin incidencia en otros beneficios laborales, que suman 240 dólares: uno de 40 dólares para alimentación y otro de 200 dólares denominado “bono contra la guerra económica”, ambos pagados en bolívares según la tasa oficial vigente.
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Las cifras oficiales indican que en abril los precios subieron un 10,6%, con una inflación acumulada del 90% en los primeros cuatro meses del año.
Trabajadores y sindicalistas de diferentes sectores rechazan la política de bonificación salarial y demandan un aumento en sus remuneraciones.
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La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV), principal entidad de educación superior del país, reiteró el jueves pasado su llamado a un paro nacional de 24 horas en las universidades públicas para este martes, tras la negativa del Gobierno a la convocatoria.
La asociación exige, además de salarios dignos, la regularización “inmediata” del pago del Bono de Responsabilidad Profesional, advirtiendo que “solo lo cobró aproximadamente un 25% de los profesores universitarios”.
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