La familia de la defensora de DDHH, Nélida Sánchez, exige su liberación tras 500 días de reclusión por parte del régimen de Venezuela

La situación de Nélida del Rosario Sánchez Oropeza, defensora de derechos humanos y coordinadora nacional de formación de la ONG Súmate, ha alcanzado un punto crítico tras más de 500 días de reclusión en el centro de detención El Helicoide. Su familia, a través de un comunicado a la opinión pública internacional, exigió la liberación inmediata de Sánchez, advirtiendo sobre el empeoramiento grave de su estado de salud y denunciando la falta de atención médica adecuada, así como las condiciones degradantes de su encierro.

Entre las peticiones centrales, la familia instó a la intervención urgente de organismos internacionales, gobiernos democráticos y organizaciones de derechos humanos para gestionar la excarcelación de la activista. Responsabilizaron al Estado venezolano por cualquier agravamiento de la salud de Sánchez, cuya privación de libertad consideraron injustificada. El comunicado subrayó el impacto devastador que esta situación ha tenido sobre su entorno familiar, en especial para sus padres, de 96 y 79 años, y para sus hijas, quienes relataron haber sufrido la ausencia de la madre en momentos trascendentales, incluidas graduaciones y despedidas familiares.

La denuncia señala que Sánchez padece asma, hipertensión arterial, fibromialgia, insuficiencia venosa profunda y antecedentes de trombosis venosa profunda, además de un diagnóstico de trastorno de estrés postraumático y depresión realizado por el personal médico del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). En mayo de 2025, un cirujano cardiovascular de ese organismo emitió una recomendación para realizar una cirugía urgente de safenectomía a fin de prevenir nuevos episodios de trombosis. A pesar de la gravedad expresada por el especialista, la intervención no se llevó a cabo. Además, Sánchez nunca fue evaluada por un cardiólogo, aun cuando presenta cardiomegalia y complicaciones derivadas de su hipertensión.

Durante su reclusión en El Helicoide, la activista ha experimentado crisis de fibromialgia, infecciones urinarias, episodios de diarrea acompañados de deshidratación e infecciones respiratorias, sin que el SEBIN garantizara el acceso a la atención especializada necesaria. Según sus familiares, se les negó la posibilidad de que médicos externos la atendieran, así como de solicitar una valoración del Servicio Nacional de Medicina Forense (SENAMECF).

Con relación a las condiciones de reclusión, el comunicado describe una celda de 12 metros por 3, sin ventanas, luz natural ni ventilación, que Sánchez comparte con otras tres personas. A lo largo de este periodo, ha permanecido semanas completas sin exposición al sol por normativas administrativas internas del SEBIN. Además, la familia acusó la existencia de tortura psicológica: amenazas dirigidas a sus hijas, manipulación emocional, períodos de aislamiento extensos y la prohibición de contacto con su única hermana y su sobrino durante meses.

Sobre el proceso judicial, las hijas de Sánchez denunciaron que el expediente está viciado por falta de acceso y pruebas falseadas. También indicaron la imposibilidad de contar con defensa privada. La familia recordó que tanto el juez ángel Betancourt como el fiscal del caso fueron detenidos por corrupción y después excarcelados, pero el caso de Sánchez no ha sido revisado. La situación resulta más inexplicable dado que Sánchez comparte causa con otras siete personas —todas hombres y algunas figuras políticas— quienes ya recuperaron su libertad.

En el comunicado, la familia hizo un llamado explícito a las autoridades, en particular al gobierno venezolano liderado por Delcy Rodríguez, reclamando: “Liberen a una madre abnegada que solo construyó familia y futuro”.