El titular de la Asamblea venezolana, Jorge Rodríguez, aseguró que el régimen decidió la liberación de algunos de los cientos de presos políticos que se encuentran en cárceles del país.
En un discurso, Rodríguez anunció: “El gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento”.
“Considérese este gesto del gobierno bolivariano, de amplia intención de búsqueda de la paz, como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad”, agregó.
La decisión se produce cinco días después de la operación estadounidense en Caracas que culminó con la captura del dictador venezolano Nicolás Maduro, quien enfrenta cargos por narcoterrorismo.
La organización venezolana dedicada a la defensa de los derechos humanos Foro Penal, ha contabilizado al menos 863 personas encarceladas o perseguidas por razones políticas. Su director, Alfredo Romero, reclamó una amnistía general para todos los detenidos.
“Una amnistía general para la libertad de presos políticos sería un importante gesto actualmente para unificar la población venezolana, obviamente sin garantizar impunidad por crímenes de lesa humanidad”, publicó Romero en su cuenta en X.
La Plataforma Unitaria Democrática, la mayor coalición opositora de Venezuela, reclamó que la liberación de todos los presos políticos debe ser acompañada por otras acciones urgentes e inaplazables.
En un comunicado, la coalición señaló: “La liberación de TODOS los presos políticos, el cese de la represión y el desarme de los grupos irregulares que amenazan la convivencia ciudadana son acciones urgentes y de inmediata ejecución, pues dependen únicamente de la orden de quienes son responsables de ellas”.
El texto advirtió además: “No puede hablarse de una transición democrática mientras estas medidas no se lleven a cabo”.
El contexto venezolano está marcado por denuncias de organizaciones como Provea, que documentan la existencia de torturas y tratos crueles en los centros de detención del país.
Provea advirtió que la liberación de algunos presos no es suficiente para generar justicia y pidió la excarcelación total de quienes se encuentran privados de libertad por razones políticas.
“La tortura en Venezuela se ha convertido en una práctica generalizada y sistemática que se comete a diario en la mayoría de las cárceles y centros de detención del país”, señaló la ONG.
Las denuncias incluyen testimonios sobre detenciones arbitrarias, incomunicación, suspensión de visitas familiares y condiciones inhumanas en recintos como El Rodeo, Las Crisálidas y Tocorón. Provea insistió en que el cierre de un centro de detención “no basta para brindar una sensación de justicia”, y reclamó mecanismos efectivos de rendición de cuentas y sanción a los responsables de violaciones de derechos humanos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que el régimen chavista está procediendo al cierre de un centro de torturas en el corazón de Caracas, tras la caída de Maduro.
Trump sostuvo que el chavismo “tenía una cámara de tortura en medio de Caracas, que ahora está siendo clausurada”, aunque no mencionó directamente el Helicoide.
“Ha torturado. Tienen una cámara de tortura en medio de Caracas que están cerrando. Pero ha torturado gente”, subrayó. El mandatario estadounidense también relató detalles del operativo que terminó con la captura de Maduro.
“Se cortó la electricidad en casi todo el país, fue entonces cuando supieron que había un problema. Las únicas personas con luz eran las que tenían velas”, y destacó que “152 aviones participaron en la operación en Venezuela”. Trump describió a Maduro como “un tipo violento” y afirmó que “ha matado a millones de personas”.
Desde la captura de Maduro, distintas voces han advertido sobre la urgencia de medidas concretas para restaurar la confianza social y política.
Las organizaciones de defensa de derechos humanos han instado al régimen a no realizar liberaciones selectivas o arbitrarias, sino a establecer políticas integrales que garanticen la libertad de todos los detenidos por motivos políticos y la investigación de los casos de tortura.
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