Un juez amplió a cinco meses la prisión preventiva de Luis Arce por el caso del Fondo Indígena

Un juez boliviano amplió por cinco meses la detención preventiva del ex presidente Luis Arce en el penal de San Pedro de La Paz, en el marco del caso conocido como Fondo Indígena, uno de los mayores escándalos de corrupción de la historia reciente de Bolivia. La decisión se produjo en una audiencia celebrada de forma virtual, en la que la defensa del ex mandatario reclamó su libertad y cuestionó la prolongación de la medida.

“Por todo lo expuesto y fundamentado por la autoridad jurisdiccional, se dispone la ampliación de la detención preventiva del ahora imputado por el término de cinco meses”, dictó el juez de medidas cautelares al concluir la audiencia. Arce, que se dirigió a la instancia judicial sin pedir gracia sino justicia, declaró que “no vengo a pedir un favor, vengo a pedir algo más simple y más grande: que se aplique la ley”.

El ex mandatario cumple prisión preventiva desde el 12 de diciembre de 2025, cuando un juez lo envió al penal de San Pedro tras acceder al pedido inicial de la Fiscalía boliviana. La nueva resolución extiende su reclusión por cinco meses adicionales, pese a que la defensa sostenía que el plazo original ya había vencido y que Arce debería enfrentar el proceso en libertad. El abogado Fernando Rivadeneira había calificado de “irracional” la solicitud del Ministerio Público y denunció lo que describió como una instrumentalización política de la justicia.

Arce gobernó Bolivia entre noviembre de 2020 y noviembre de 2025, cuando entregó el poder al presidente Rodrigo Paz. La investigación que lo mantiene encarcelado apunta a su papel como miembro del directorio del Fondo de Desarrollo Indígena Originario Campesino (Fondioc) durante su gestión como ministro de Economía en el gobierno de Evo Morales, cargo que ejerció de forma casi ininterrumpida entre 2006 y 2019.

El caso Fondioc es considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en Bolivia en las últimas décadas. El fondo, creado en diciembre de 2005 con el objetivo de financiar proyectos productivos y sociales en comunidades indígenas y rurales, llegó a recibir más de 3.197 millones de bolivianos entre 2006 y 2014, equivalentes a unos 460 millones de dólares, procedentes del cinco por ciento del Impuesto Directo a los Hidrocarburos. Una auditoría de la Contraloría General del Estado detectó que, solo entre 2010 y 2011, se aprobaron 153 proyectos que nunca se ejecutaron o quedaron inconclusos. Los informes oficiales establecieron un daño económico inicial superior a los 71 millones de bolivianos, cifra que las investigaciones fiscales posteriores elevaron considerablemente.

La Fiscalía investiga a Arce por incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, vinculados a decisiones del directorio del Fondioc durante los años en que el esquema irregular se consolidó. Ese directorio estaba integrado por varios ministerios —entre ellos el de Economía que encabezaba Arce— y por organizaciones sociales afines al MAS. La estructura operó con controles débiles y alta discrecionalidad en la asignación de recursos. El gobierno de Morales cerró el Fondioc en 2015 y lo reemplazó por el Fondo de Desarrollo Indígena, con nuevos mecanismos de fiscalización.

El caso también afecta al entorno familiar del expresidente: en marzo de 2026 la Fiscalía solicitó detención preventiva para su hijo Luis Marcelo Arce y amplió la investigación a otros miembros del núcleo familiar. La defensa rechaza todas las imputaciones y sostiene que los procesos responden a una persecución política orquestada desde el gobierno de Paz para neutralizar a una figura de la izquierda boliviana.

La resolución consolida un patrón que ya tiene antecedentes en el país. La ex presidenta interina Jeanine Áñez cumplió cuatro años de detención preventiva acusada de participar en el golpe de Estado de 2019, antes de ser liberada. Arce gobernó en medio de una crisis económica agudizada por la caída de las reservas de divisas y el declive de las exportaciones de gas, y enfrenta ahora un proceso que sus partidarios califican de revancha y que los fiscales presentan como la persecución de una corrupción sistémica que afectó a las comunidades más vulnerables del país.