Opacidad e impunidad: critican la actuación de la Fiscalía de Venezuela en el caso de la muerte de Víctor Quero

Más interrogantes que certezas. Defensores de Derechos Humanos y dirigentes políticos rechazan el comunicado emitido este martes 2 de junio por el Ministerio Público sobre la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, fallecido en cautiverio hace casi un año.

“Lejos de esclarecer la muerte de Víctor Quero, el pronunciamiento oficial genera más preguntas que respuestas y parece redactado para blindar la opacidad estatal”, reaccionó la ONG Justicia, Encuentro y Perdón, subrayando que “el texto despacha el fallecimiento sugiriendo una causa médica, pero evade la responsabilidad penal del Estado”.

El caso de Quero Navas generó una profunda indignación en el país, obligando al Ministerio Público, a cargo de Larry Devoe, a anunciar que iniciaría una investigación sobre el hecho.

Este comerciante de 50 años fue detenido en enero de 2025 por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), acusado de terrorismo y conspiración.

Lo mantuvieron en condición de desaparición forzada, pues las autoridades jamás precisaron su centro de reclusión, pese a la insistencia de su madre, Carmen Navas, de 81 años, quien durante meses acudió a distintos organismos para solicitar información oficial sobre el paradero de su hijo.

El Ministerio de Servicio Penitenciario informó el 7 de mayo que Quero Navas había fallecido el 24 de julio de 2025 en la cárcel del Rodeo I, a causa de una “insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar”. Diez días después, el 17 de mayo, feneció la señora Navas, quien se había convertido sin buscarlo en un símbolo de la lucha por la justicia y la liberación de los presos políticos en el país.

En el comunicado difundido este martes, el Ministerio Público prácticamente se limita a confirmar lo expuesto por la cartera de Servicio Penitenciario. Dice que luego de realizar la autopsia del cadáver, “se evidencia una data de muerte aproximada de 10 meses a 1 año”, y que los estudios “permitieron dictaminar que el deceso se produjo por un tromboembolismo pulmonar”. Agrega que “no se evidenciaron lesiones traumáticas en el cadáver”.

Nada

“El punto más grave es el silencio cómplice sobre los 16 meses en los que la madre de Víctor recorrió instituciones sin recibir información. El Ministerio Público ignora deliberadamente la cadena de responsabilidades de funcionarios de su institución, la Defensoría del Pueblo, el CICPC (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas), el Poder Judicial y el Ministerio Penitenciario. Ocultar la detención de una persona, negar sus condiciones de reclusión y esconder su fallecimiento es una desaparición forzada cometida por funcionarios públicos que debe ser investigada y sancionada”, enfatizó Justicia, Encuentro y Perdón.

El centro de pensamiento Laboratorio de Paz señala que la declaración de la Fiscalía General de la República “no explica las circunstancias en las que ocurrió el fallecimiento de una persona que se encontraba bajo custodia del Estado, ni aborda posibles responsabilidades institucionales derivadas de esa condición”.

“El comunicado omite cuestiones esenciales para el esclarecimiento de los hechos, como las razones por las cuales la familia fue informada de la muerte meses después de ocurrida, las circunstancias de la inhumación sin conocimiento de sus familiares, el acceso que tuvo la víctima a atención médica o las condiciones de detención en las que permaneció”, observa Laboratorio de Paz.

La ONG Provea recordó al fiscal general Larry Devoe que “las muertes ocurridas bajo la custodia del Estado, son exclusiva responsabilidad del Estado”.

Partiendo de ese principio, apuntó que “los funcionarios responsables de garantizar la vida e integridad de las personas bajo su custodia, tienen que responder civil, administrativa y penalmente por las acciones u omisiones que conduzcan al fallecimiento de los custodiados”.

La jefa del partido Encuentro Ciudadano, Delsa Solórzano, miembro de la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática, se preguntó “por qué no se permitió la participación de expertos internacionales independientes, conforme a los estándares del Protocolo de Minnesota, especialmente en un contexto donde la independencia de las instituciones de justicia ha sido ampliamente cuestionada”.

“La verdad no puede ser parcial. Venezuela tiene derecho a conocer todos los hechos y a que se determinen todas las responsabilidades”, exigió Solórzano.