
Un grupo de 26 organizaciones de la sociedad civil en Venezuela solicitó a España que extradite “con celeridad” a Argentina al ex coronel venezolano Ephraín Enrique Verdú Torrelles, integrante de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), requerido por la Justicia de Buenos Aires en una causa por delitos de lesa humanidad en Venezuela.
Mediante un comunicado, las organizaciones instaron a las autoridades españolas a “tramitar esta extradición con la firmeza, la determinación y la celeridad que su propio legado histórico exige”.
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Las agrupaciones sostuvieron que conceder la extradición “no es una opción política, sino un imperativo de justicia universal que demostrará al mundo que el paso del tiempo y las distancias geográficas son incapaces de diluir los crímenes de lesa humanidad”.
En el texto afirmaron: “Cuando los tribunales locales se transforman en escudos de los victimarios en lugar de protectores de los ciudadanos, la Justicia internacional emerge como el último recurso de supervivencia elemental”.
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Manifestaron su “rotundo respaldo” a la solicitud de extradición, la cual, indicaron, constituye “un quiebre estructural en la narrativa del olvido y un hito sin precedentes para la justicia transnacional”.

De acuerdo con la organización InterJust, la Justicia argentina emitió en febrero la orden de extradición tras obtener información sobre la presencia de Verdú Torrelles en España. Posteriormente, el Ministerio de Relaciones Exteriores formalizó la solicitud ante las autoridades españolas. En marzo, el Consejo de Ministros de España autorizó la continuación del proceso.
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Desde 2023, la Justicia de Argentina lleva adelante una causa contra el régimen del depuesto dictador Nicolás Maduro por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, a partir de una denuncia presentada en enero por el Foro Argentino para la Defensa de la Democracia (FADD).
En junio de 2023, la Fundación Clooney para la Justicia (CFJ) presentó una denuncia centrada en dos víctimas de homicidio, entre ellas Geraldin Moreno Orozco, estudiante y jugadora de fútbol sala de 23 años, asesinada por agentes de la GNB el 19 de febrero de 2014 en el estado Carabobo durante una manifestación.
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Entre los señalados en el caso figura Verdú Torrelles, quien era comandante del destacamento de Seguridad Urbana de Carabobo y lideraba el operativo durante las protestas en las que ocurrió el homicidio de la joven.
Las organizaciones señalaron que la “efectiva resolución de esta extradición abre una brecha de esperanza real no solo” para la madre, Rosa Orozco, sino también para los allegados de “todas las víctimas de la violencia política y la represión sistemática en Venezuela”.
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Según estos grupos, más de 330 personas perdieron la vida en el contexto de manifestaciones pacíficas desde 2014.
Por su parte, Amnistía Internacional solicitó a las autoridades de España y Argentina que colaboren para asegurar justicia a las víctimas venezolanas de crímenes de lesa humanidad.
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