Antes del 3 de enero, fecha del ataque militar ejecutado por Estados Unidos que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, el régimen chavista amenazaba y encarcelaba economistas. Después de ese día, la presidenta encargada Delcy Rodríguez se reúne y escucha las observaciones de los expertos.
Rodríguez sostuvo una reunión privada el 29 de mayo con economistas y empresarios, en el marco del Programa para la Paz y la Convivencia Democrática que instaló tan pronto asumió la Presidencia de la República.
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En medio de la cita, de la que han trascendido pocos detalles, los invitados expusieron a la mandataria interina las principales líneas de acción que podrían incluirse en un plan para la recuperación de la economía de Venezuela, que registra una inflación interanual que supera el 500%, una moneda que se devalúa a diario y un aparato productivo que ha perdido dos tercios de su tamaño.
La propuesta se resume en cinco puntos y comienza destacando la necesidad de “mejorar el entorno para invertir”, subrayando la importancia de “fortalecer la propiedad privada y la seguridad jurídica; garantizar el cumplimiento de contratos; reducir la discrecionalidad regulatoria; y modernizar leyes y regulaciones”.
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En cuanto al “financiamiento para el crecimiento”, sugirieron a Rodríguez “fortalecer la banca y el mercado de capitales; crear garantías para préstamos a pequeñas y medianas empresas; impulsar asociaciones público-privadas; y reestructurar las empresas estatales”.
La Asamblea Nacional aprobó este martes 2 de junio en primera discusión la reforma de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, que busca abrir el sector a los capitales privados tras años de férreo control estatal. Esta modificación se suma a las ya sancionadas en materia de hidrocarburos y minería con el mismo fin.
Rodríguez también creó una comisión que en la práctica tiene como objetivo identificar los bienes del Estado que pueden ser privatizados, toda una enmienda a la política de expropiaciones y de intervencionismo que el régimen chavista desplegó desde su ascenso al poder en 1999.
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Nueva era
Economistas y empresarios abogan por una “transformación digital” que avance en “digitalizar a las pequeñas y medianas empresas; promover inteligencia artificial, automatización y comercio electrónico; y crear centros regionales de transformación digital”.
Sobre la “formación de nuevo talento”, apuntaron a “modernizar la educación técnica y profesional; crear certificaciones internacionales; y capacitar en competencias digitales y oficios demandados”.
La “modernización laboral” fue abordada desde el enfoque de “reconocer nuevas formas de trabajo (freelance, teletrabajo, plataformas digitales); facilitar la transición desde la informalidad hacia empleos formales; y desarrollar sistemas de protección social más flexibles”.
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Asistentes al encuentro aseguran que la presidenta Rodríguez se mostró receptiva, argumentando en descargo del gobierno que la crisis económica es culpa de las sanciones impuestas por Estados Unidos.
La mandataria interina también habría mostrado su preocupación por la viabilidad del sistema de pensiones en Venezuela. Rodríguez declaró en abril que el país tiene más jubilados y pensionados (6,26 millones) que trabajadores activos (5,3 millones). En esa intervención manifestó que el Estado “continúa financiando el 91% del pago de las pensiones”.
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